Durante la crisis de 2001 se visibilizó un hartazgo social hacia la clase política, sintetizado en el lema “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Argentina arrastraba años de endeudamiento externo, extranjerización de la economía, corrupción y una agudización de la desigualdad entre un selecto grupo de empresarios favorecidos por las privatizaciones y el resto de la población.
No había inflación y existía una paridad cambiaria entre el peso y el dólar, por lo que un sector importante de la sociedad toleraba las injusticias sociales hasta que el gobierno de Fernando de la Rúa resolvió, en diciembre de 2001, restringir la libertad de disponer del dinero depositado en los bancos. Ese Corralito fue el detonante que motivó un estado de movilización para repudiar a una clase política que venía sosteniendo un modelo económico que perjudicaba a la mayoría de los argentinos.
El desprestigio de la política cristalizado en diciembre de 2001 y el fin de la convertibilidad no tuvieron su correlato en el Poder Judicial y en el sistema de medios, los cuales no sufrieron un “que se vayan todos” y prácticamente no se vieron obligados a hacer modificaciones en su funcionamiento.
La ausencia de un partido neoliberal de alcance nacional tras el 2001 dejó vacante un lugar que sería ocupado por un sector del periodismo.
De esta manera la “oleada progresista” que significó en algún modo el kirchnerismo se vio desafiada no tanto por partidos opositores sino especialmente por la judicialización de la política y por un discurso hostil promovido desde los principales medios de comunicación. Esta reciprocidad anti-kirchnerista entre el sistema mediático y el aparato judicial contribuyó a la consolidación del Lawfare como herramienta utilizada para distorsionar las batallas políticas.
Para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el Lawfare puede definirse como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”1. Esto implica una retroalimentación entre lo judicial y lo periodístico, de modo que la mera existencia de una causa penal contra un dirigente político no significa Lawfare.
Las tematizaciones y los encuadres propuestos desde el periodismo han promovido la demonización de un sector político valiéndose de denuncias penales que han servido como insumos para establecer la relación kirchnerismo-corrupción. El Poder Judicial es entonces habilitado como un actor válido para obstaculizar políticas aprobadas por el Congreso Nacional (el caso más paradigmático es el de la “Ley de Medios”) y decisiones resueltas por el Poder Ejecutivo.
El Lawfare distorsiona la correlación de fuerzas y su fin último no se reduce a la derrota electoral de un líder político, sino que se busca deslegitimar la orientación económica asociada a su imagen. En consecuencia, se estimula la construcción de consensos favorables a medidas que benefician a una minoría enriquecida e influyente. Esto posibilita que la receta neoliberal que nos llevó al colapso económico-social del 2001 cobre fuerza nuevamente en el debate público.
A diferencia del 2001, ahora vivimos en el marco de una sociedad hipermediatizada, en la que los medios masivos se encuentran en permanente relación con otro sistema mediático que tiene base en Internet. Pero una mayor comodidad para acceder a noticias no se ha traducido en una mejora de la calidad informativa. La circulación existente entre las redes sociales y los medios tradicionales parece acentuar el sensacionalismo, la sobreactuación de la indignación y la tergiversación de las declaraciones públicas mediante el uso de titulares que sugestionan demasiado. Hoy más que nunca los medios de comunicación actúan como medios de saturación. Construyen climas y moldean los espíritus; apuntalan la bronca, el enojo y la intolerancia.
Los multimedios más importantes podían construir agenda y destacar la importancia de ciertos temas, pero ahora además pueden contribuir a la viralización de ciertas noticias y al ensañamiento con figuras políticas puntuales. No estamos sobreinformados, sino más bien sobreexpuestos a la información. Aunque las fake news son habitualmente atribuidas a las redes sociales, la desinformación es un fenómeno cimentado desde los medios tradicionales.
Las viejas y nuevas formas de comunicación confluyen en la conformación de agendas volátiles, incidiendo así en la construcción de discursos sociales que promueven la confirmación de las ideas preconcebidas, de modo que las descalificaciones y las acusaciones tienen más repercusión que los argumentos y los análisis profundos. En ese escenario, la pata mediática del Lawfare no precisa evidencias, ya que basta con instalar sospechas e insinuaciones para promover el desgaste de determinados liderazgos y los proyectos económicos asociados a ellos.
Nota
1 Véase: http://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf.
Ezequiel Rossi
Estudiante de Ciencias de la Comunicación