En las últimas semanas presenciamos en la Cámara de Diputados intensas pujas y acusaciones entre los principales bloques partidarios en relación al tratamiento del proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocido como de Etiquetado Frontal. El martes 5 de octubre se convocó a una sesión especial en la Cámara para tratar esta ley y finalmente no se alcanzó el quórum necesario. Lo curioso es que buena parte de las diputadas y los diputados que no bajaron al recinto se manifestaron públicamente a favor de esta ley. Esta situación deja en evidencia un tipo de prácticas habituales por parte de aquellos sectores económicos que tienen una posición dominante en nuestro país.
El proyecto de ley de Etiquetado Frontal surgió en la Cámara de Senadores mediante la unificación y consenso de 15 proyectos diferentes que abordaban la problemática de la alimentación saludable. En octubre de 2020 se aprobó prácticamente por unanimidad y luego pasó a Diputados, donde tras varias idas y vueltas, se obtuvo un dictamen de mayoría con amplio apoyo de los diferentes bloques que conformaban las distintas comisiones.
En medio de las discusiones en ambas cámaras y en las comisiones, varios senadores y diputados remarcaron la intensa presión y lobby que recibieron por parte de las distintas empresas de alimentos y bebidas.
¿Pero en qué consiste este proyecto de ley? Tiene como objetivo advertir a la población sobre aquellos productos que contengan “exceso de” nutrientes críticos (grasas totales y saturadas, sodio, azúcares y calorías), mediante la colocación de octógonos negros en el frente de los envases. Estos nutrientes están directamente asociados al crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio por cualquier medio de aquellos productos que contengan al menos un sello de advertencia. Para proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNyA) no permite la inclusión de dibujos animados, mascotas, personajes, celebridades, etcétera, en los envases que inciten, promuevan o fomenten el consumo; estos productos tampoco podrán ser vendidos ni publicitados en las escuelas ni podrán participar de las licitaciones públicas para la provisión de alimentos en comedores escolares y/o comunitarios.
Este proyecto de ley surge como respuesta al preocupante crecimiento de la epidemia de malnutrición por exceso, es decir, de sobrepeso y obesidad, que viene afectando desde hace años al mundo en general, y en particular a nuestra región.
Y que constituye uno de los factores de riesgo más comunes de las ECNT. El exceso de peso en adultos es uno de los factores determinantes que explica el crecimiento de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo, como es el caso de la diabetes (44%), las cardiopatías isquémicas (23%), y entre el 7% y el 41% de la carga de enfermedad de diversos tipos de cánceres. La cantidad de personas obesas en el mundo se triplicó en los últimos 40 años, alcanzando los 650 millones adultos y 381 millones de niños, niñas y adolescentes con sobrepeso u obesidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud para 2017. Argentina no está ajena a este problema mundial, las distintas estadísticas muestran que las ECNT y el sobrepeso y la obesidad están aumentando tanto en la población adulta como en NNyA. En base a los datos de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2019, el 61,6% de los mayores de 18 años presentó exceso de peso (36,2% con sobrepeso y 25,4% con obesidad). Se observa que el crecimiento de la obesidad en NNyA en Argentina es más acelerado que en los adultos. Según datos de la Encuesta Global de Salud de los Estudiantes Escolares (GSHS) aplicada a los estudiantes de secundaria del país, muestra que dentro del grupo de edad de 13 a 15 años hubo un aumento de casi 10 puntos porcentuales en el sobrepeso desde la primera edición realizada en 2007, en comparación a la tercera edición desarrollada en 2018 (24,5% GSHS 2007, 28,6% GSHS 2012 y 33,1% GSHS 2018). Asimismo, la obesidad en este grupo también aumentó, casi duplicándose en relación a la primera edición (4,4% GSHS 2007, 5,9% GSHS 2012 y 7,8% GSHS 2018). Según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS II) realizada en 2019, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 17 años fue del 41,1% (20,7% sobrepeso y 20,4% obesidad, respectivamente).
Es en este contexto epidemiológico que los distintos países avanzaron en la implementación de políticas públicas centradas en la utilización de distintos sistemas de etiquetado frontal de alimentos. Países como Chile, Perú, Uruguay y, más recientemente, México y Colombia avanzaron en la aplicación de octógonos negros de advertencia sobre los productos ultraprocesados. En base a la mejor evidencia científica libre de conflictos de intereses, los sistemas de advertencias son los que mejores resultados obtuvieron para contrarrestar el crecimiento de la pandemia de malnutrición por exceso y son los que permiten garantizar derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación. Es por ello que el proyecto de ley de Etiquetado Frontal pendiente de aprobación en Diputados cuenta con el aval de distintos organismos internacionales, la academia, organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, entre otras.
Por el lado de la industria alimentaria, si bien reconoce la gravedad de la situación epidemiológica y manifiesta la necesidad de tomar medidas, recurre a distintas prácticas y argumentos para cuestionar el avance de este tipo de políticas. En este sentido, ya son bien conocidas las estrategias que lleva adelante para frenar medidas que comprometan sus intereses.
La industria tabacalera fue la precursora en esta materia, llevando adelante todo tipo de prácticas para frenar, desviar, dilatar políticas que tuvieran como objetivo disminuir la cantidad de fumadores.
Al igual que sucedió en su momento y a nivel global con las políticas de control del tabaco, desde que en nuestro país comenzó la discusión del proyecto de ley de Etiquetado Frontal, la industria alimentaria esgrimió los argumentos económicos tradicionales en defensa de la producción y el trabajo, amenazando con un éxodo de empresas y la huida de las inversiones si esta ley se aprobaba. Asimismo, tuvo acercamientos con distintos funcionarios públicos del Ejecutivo y referentes de la oposición para que la direccionalidad del proyecto sea favorable a los intereses de la industria; financió a distintos tipos de investigadores, “influencers” y sociedades científicas para cuestionar la eficacia del etiquetado de advertencia; firmó convenios con distintos organismos públicos para financiar iniciativas en dicho sector; cuestionó directa o indirectamente las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud; amenazó con llevar adelante todo tipo de recursos judiciales para frenar la aplicación de la ley; utilizó la presencia de funcionarios públicos que en el pasado formaron parte de empresas o cámaras del sector alimenticio; financió por diversos medios campañas y actividades políticas. Estas solo son algunas de las prácticas y el lobby ejercido por la industria alimentaria en los últimos tiempos, y que la reciente falta de quórum en Diputados dejó aun en más evidencia.
Para finalizar, lo que el proyecto de ley de Etiquetado Frontal expone es que, a pesar del mayoritario apoyo que tiene en los legisladores de distintos arcos políticos, organismos internacionales, sociedad civil, academia, sociedades científicas y la población en general, no logra aprobarse; y no lo hace debido a las prácticas y al lobby que lleva un sector concentrado de la economía, como es el de la industria alimentaria argentina. Lo que se manifiesta es la tensión entre dos modelos de políticas bien diferenciados: por un lado, la intervención del Estado para garantizar derechos humanos básicos universales consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación; y por el otro, que la regulación la determine el mercado, asegurando la maximización de ganancias a través de la comercialización de productos ultraprocesados no saludables.
Ignacio Drake
Licenciado en Sociología (UBA). Maestrando en Economía Política (FLACSO).