Dora Lucy Arias
Un reconocido expresidente de quien se decía que cuando hablaba ponía a pensar al país señaló alguna vez que las crisis eran tan constantes en Colombia que el gobierno se dedicaba a apagar incendios y que la necesidad de atender lo urgente no dejaba ver ni resolver lo importante. La sorprendente coyuntura actual con el paro más fuerte y sostenido de toda la historia nacional, cuyo detonante fue la presentación por el gobierno de un proyecto de reforma tributaria regresiva y antipopular, está demostrando que hay necesidad de afrontar simultáneamente lo urgente y lo importante.
El estallido social en plena pandemia, respondido violentamente por el gobierno, ha producido en dos semanas 42 muertos (cuarenta civiles y dos miembros de la policía), cientos de heridos y decenas de desapariciones. Es la muestra de gravísimos problemas sociales y políticos en la segunda sociedad más desigual de América Latina. De acuerdo con cifras recogidas por el diario especializado en asuntos económicos La República, el coeficiente Gini en el país antes de impuestos es de 0,587 y apenas sí tiene una reducción insignificante después de impuestos y transferencias, al bajar a 0,563. Por contraste, en la Unión Europea el Gini antes de impuestos es de 0,505 y se reduce a 0,296 después de impuestos y transferencias.
Esta inequidad social tan fuerte se incrementó severamente durante la pandemia, cuando millones de personas cayeron en la pobreza, cuyas cifras eran de suyo altas y el desempleo se disparó de manera alarmante.
El paro es en el fondo la continuación, ahora potenciada, de un profundo malestar social reflejado en las movilizaciones de 2019 que entraron en hibernación a comienzos de 2020 por la crisis del Covid. Sin embargo, esta situación fue solo un respiro, una especie de vida artificial para el presidente Duque, quien se solazó con un programa televisivo diario en el que mostraba las acciones del gobierno ante el serio problema de salud pública. Ya hubo un campanazo con las revueltas desatadas en septiembre a raíz del asesinato a manos de policía (otro de los muchos que suceden con excesiva frecuencia), de un estudiante de Derecho. Es verdad que la indignación produjo la quema de estaciones policiales, pero la respuesta oficial fue mucho más violenta y en muchos casos indiscriminada, con saldo de decenas de víctimas sin que haya hasta el momento ningún incriminado.
El país y el mundo no se reponen aún del asombro de ver policiales disparando sus armas en vía pública no solo contra manifestantes desarmados sino también contra circunstantes que nada tenían que ver con las expresiones de inconformidad.
La rabia creció al revelarse que la presidencia concedería un préstamo de casi trescientos millones de dólares a la empresa de aviación Avianca, en la cual una de sus hermanas es directiva, a lo que se agregó el anuncio de la compra de aviones de guerra sofisticados (y costosísimos) por cerca de catorce billones de pesos. A esto se agrega que la vacunación avanza a paso de tortuga reumática (tanto que tomaría a este ritmo siete años inmunizar toda la población), que la administración ni siquiera da a conocer los costos de la adquisición de las vacunas y no apoya el levantamiento temporal de las patentes que han propuesto países como India y Sudáfrica.
Las jornadas de paro reflejan entonces la problemática de pobreza, desigualdad, corrupción, manejo del Estado a favor de unos pocos, el cansancio ante la corrupción y ante la indolencia del gobierno frente a los asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros. El desempleo y la falta de futuro de los jóvenes añadió un factor más, haciendo que la protesta esté compuesta mayoritariamente por muchachos de capas medias empobrecidas sectores populares que poco o nada tienen que perder.
El paro ha adquirido así una amplitud inusitada pues a la convocatoria de los sindicatos se han sumado camioneros, el sector de la salud y muchos otros sectores sociales afectados por las políticas oficiales de privilegio al gran capital nacional y extranjero. Cabe recordar que en la anterior reforma a los impuestos concedió exenciones tributarias a las grandes empresas en un monto que es equivalente a lo que se requeriría ahora para asegurar los modestos programas de ayuda a los más necesitados. Hay que tener en cuenta igualmente que los colombianos más adinerados tienen enormes capitales en paraísos fiscales que no tributan en el país. Más aún, la mayoría de ellos ni siquiera los declaran ante la Dirección de Impuestos y fue solamente a raíz de las revelaciones de los llamados Panama Papers que se supo de esta situación.
Todo este panorama muestra un fracaso total del modelo económico que ha llevado al país a la peor crisis de todos los tiempos, al juntarse los problema urgentes con los importantes.
Urge un cambio total de políticas, un nuevo pacto social y especialmente la solución de uno de los problemas más graves, que es a la vez urgente e importante: la violencia estatal y paraestatal como método para contener la protesta social, que antecede al conflicto armado y se ha incrementado después de la desmovilización de las FARC.
Este es urgente porque hay una verdadera masacre contra el pueblo, especialmente contra los jóvenes, e importante porque durante casi toda la vida republicana ha sido utilizada para impedir los cambios necesarios en la anquilosada estructura social que hace cada vez más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El acuerdo de paz, con todas sus limitaciones, planteó así cómo la restitución de las propiedades despojadas al campesinado y mejoras en el régimen agrario, la priorización de medidas sociales y acuerdos con los pequeños cultivadores de coca y otras drogas de uso ilícito antes que la erradicación forzada con agentes químicos dañinos como el glifosato y la garantía de una verdadera democracia que solo se ha conocido de nombre.
Asimismo, el acuerdo permitió emerger los problemas sociales de fondo y ha creado un clima de mayor participación y expresión popular. Por eso el torpedeo y la negativa a negociar con el ELN forma parte de una estrategia perversa de poderes excluyentes que necesitan la guerra como pretexto para deslegitimar la protesta. Por cierto, se escuchan voces delirantes que tratan de engañar a la opinión nacional e internacional señalando a Venezuela como instigadora de la actual ola de inconformidad.
La salida al laberinto colombiano será positiva en la medida en que la protesta haga ceder al gobierno de modo que se garanticen los derechos humanos, cese la violencia oficial y la promoción a los grupos paramilitares y se de una verdadera negociación para que realmente se cumpla lo pactado ya que una tradición de la clase dominante es pactar cuando la energía de los reclamos no le deja otra solución, para luego incumplir. Casi la mitad de las protestas, especialmente de los indígenas, es para hacer que se cumplan acuerdos alcanzados en movilizaciones anteriores. El acompañamiento y la solidaridad internacional son fundamentales en esta etapa oscura pero esperanzadora en la que sentimos el aliento fraternal del pueblo latinoamericano.
Dora Lucy Arias
Abogada colombiana defensora de Derechos Humanos.