Por Gabriel Puricelli
El 10 de marzo Jair Bolsonaro comparecía ante una conferencia de prensa luciendo un artículo personal del que hasta ese instante había aborrecido como si de salir desnudo se tratase: un barbijo. ¿Efecto de las casi 400.000 muertes que ha causado la Covid-19 en Brasil? Tristemente, no. Lo que había sucedido era que el expresidente Lula Da Silva había ofrecido su primer discurso con sus derechos políticos rehabilitados vistiendo la mascarilla que el cuidado de sí y del prójimo obliga a llevar. En una sola imagen el actual mandatario brasileño dejaba ver que había recibido la notificación de un giro de 180 grados en el cuadro político brasileño. Bolsonaro había pasado de enfrentar una oposición sin voceros de estatura a verse de frente con el hombre que los jueces dejaron fuera de carrera en 2018 y que siempre sospecharemos que podría haber impedido la llegada del exmilitar al sillón presidencial.
Cuando el 8 de marzo, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas que pesaban sobre Lula, este recuperó su derecho a ser candidato a volver al cargo que ocupó entre 2003 y 2011 y el sistema político brasileño reencontró un punto de equilibrio. Hasta el regreso de Lula, Bolsonaro miraba hacia las elecciones de 2022 como un líder cuya popularidad menguante parecía, sin embargo, suficiente para enfrentar a un archipiélago de opositores con pocos votos y sin ninguna adhesión emocional entre la ciudadanía. La elección no era pan comido, pero era imposible imaginarse a alguien que no fuera Bolsonaro ganando. Eso cambió de un día para otro y de un modo tan sorpresivo que el presidente no hizo a tiempo a esquivar el golpe.
El país en el que Lula vuelve a emerger como candidato tácito (él se ha encargado de subrayar que hoy no es tiempo de pensar en la próxima elección, que el 2022 está lejos) no es el mismo de 2018, cuando fue despojado del derecho a disputar la presidencia.
Brasil está hoy firmemente en las manos de la facción militar que apoya a Bolsonaro y ocupa, incluyendo ministerios, más de 6.000 posiciones en la vasta maquinaria gubernamental.
El factor de poder militar estuvo en su momento detrás de la descalificación de Lula y es hoy la quilla de un barco que el alocado timón presidencial amenaza cada día con dejar al garete. Los militares en actividad han sellado un matrimonio de conveniencia con su excamarada y actual presidente. Bolsonaro aporta su popularidad y su capacidad de mantener a un tercio de la opinión pública encendida en su rechazo a Lula, al PT y a todas las tonalidades políticas que van del rosa pálido al rojo y ellos aportan un mínimo de competencia al funcionamiento cotidiano de la administración. Ese mínimo a veces está muy por debajo de lo que sería aceptable, como lo demostró el recién renunciado general Eduardo Pazuello en el Ministerio de Salud, pero aun así resulta más presentable que el desempeño de los exponentes de la facción olavista, como el también dimitido canciller Ernesto Araújo.
Precisamente la voz del inspirador ideológico de la extrema derecha brasileña, Olavo de Carvalho, ha perdido volumen en un gobierno que, además de apoyarse administrativamente cada vez más en los militares, ha debido hacerle un lugar en los cargos gubernamentales a los tradicionales partidos conservadores del llamado centrão, que no solo controlan ambas cámaras del Congreso, sino que han tenido particular éxito en las elecciones municipales de noviembre de 2020.
El centrão ha sido la rueda de auxilio de todos los gobiernos brasileños (incluyendo los del Partido de los Trabajadores) desde el retorno a la democracia, en 1985. Es más en virtud de su calidad de eje de rotación de la política brasileña que en su condición autopercibida de centristas que usamos este término portugués para hablar de este universo de partidos de derecha cuya razón de ser es quedarse con la porción más grande posible del botín estatal, apetito que puede ser satisfecho por gobiernos de cualquier color. También conocidos (por esta voracidad con los presupuestos del estado) como partidos fisiológicos, su poder consiste también en tener la llave que abre o cierra la puerta del juicio político del presidente. El centrão ha probado con Dilma Rousseff en 2016 que cualquier líder está a tiro de destitución si así lo quieren los partidos que lo integran y le ha demostrado a Bolsonaro, quedándose con la mitad de todas las alcaldías en disputa en 2020, que no se piensa ir a ningún lado.
El ménage à trois que sostiene el gobierno brasileño es, entonces, resultado de la convergencia de tres agendas distintas. La renovada asertividad de los militares desde 2016 persigue por medios todavía democráticos los mismos objetivos del golpe de Estado contra João Goulart en 1964: garantizar que no vuelva a haber un gobierno a la izquierda del centro. A Jango lo eliminaron físicamente muchos años después de derrocarlo, pero Lula ha tenido más fortuna. La familia Bolsonaro tiene, a esta altura, una agenda menos ambiciosa: que los hijos del presidente escapen de la persecución penal por sus hechos de corrupción y por su relación incestuosa con las milicias dedicadas al vigilantismo. El centrão, lo dicho. Y esto hace de estos conservadores tradicionales el eslabón débil del trío: saben que Bolsonaro no es el único (no ha sido el primero) que puede calmarles la sed y el hambre.
Otro punto de apoyo del gobierno de Bolsonaro que se ha debilitado es el de los sectores económicos que se entusiasmaron con pasar la página del ciclo del PT y encontraron en el excapitán el instrumento. Por un lado, el agronegocio ha pasado dos años de zozobra con el ahora excanciller Araújo dedicado a denostar e insultar a las autoridades del principalísimo comprador de la soja y otros productos primarios brasileños, China. Más reciente y significativamente aún, los sectores financieros, que creyeron que la combinación entre un ultra desregulador como Paulo Guedes en el Ministerio de Economía y un alborotador en la presidencia les podía abrir el camino hacia un nuevo ciclo virtuoso del capitalismo de un Brasil globalizado, han descubierto con dolor cómo el desorden en la gestión gubernamental daña su capacidad de hacer negocios.
Una carta publicada por empresarios el 22 de marzo es una de tantas las fichas que se han empezado a mover ahora que el caótico Bolsonaro vuelve a tener enfrente un contrincante con pretensiones verosímiles de desplazarlo. El texto, firmado entre otros por Roberto Setúbal y Pedro Moreira Salles, quienes dirigen el Banco Itaú, el más grande de Brasil, y por los expresidentes del Banco Central Gustavo Loyola y Arminio Fraga es lapidario. Sostiene que “el país está cansado de ideas fuera de lugar, palabras intrascendentes y acciones tardías o equivocadas”. Como ya se ha dicho, la política bolsonarista ha puesto innecesariamente en tensión algunas relaciones comerciales fundamentales para Brasil. Sin embargo, lo que ha colmado la paciencia de quienes se expresan a través de los firmantes de la carta es el elefante en la habitación: el desmanejo catastrófico de la política sanitaria, con su consecuencia de cientos de miles de muertes por Covid-19, muchísimas de ellas evitables. Nada más contundente para desbaratar la supuesta incompatibilidad entre una acción gubernamental que preserve la vida y un laissez faire que deje que la economía florezca, que la opinión de los beneficiarios hipotéticos de ese dejar hacer. La carta lo dice en términos claros: “no es razonable esperar una recuperación económica en una epidemia fuera de control”.
Así como la cuestión sanitaria figura explícitamente en la carta, no menos evidente es lo que está implícito: la creciente alarma en las élites acerca de los planes de Bolsonaro más allá de su empecinamiento en negar la gravedad de la pandemia de Covid-19. Los empresarios se hicieron oír solo una semana antes de otra expresión sonora de rechazo a aquellos planes: la renuncia simultánea de los jefes de las tres fuerzas armadas. ¿Qué se proponía (si es que se puede hablar en pasado) el presidente? Desde que en marzo realizara una presentación ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que declarara ilegales las medidas de aislamiento preventivo impuestas por los gobiernos del Distrito Federal, Bahia y Rio Grande do Sul, Bolsonaro tenía en mente un casus belli: intervenir Bahia, la única de esas tres entidades subnacionales gobernada por el PT. Al tiempo que intentaba la vía legal que el STF le cerró, arengó a las fuerzas policiales de ese estado a impedir la aplicación de las medidas sanitarias dispuestas por el gobernador Rui Costa. Aunque no logró otro efecto que la boutade de un agente policial bahiano disparando su arma reglamentaria al aire, esta intentona fue vista como prolegómeno de un intento de golpe de mano, reactualizando las imágenes de abril de 2020, cuando Bolsonaro participó de manifestaciones de sus seguidores que reclamaban intervención militar y destitución de las máximas autoridades judiciales del país.
A esa radicalización, los mismos empresarios de la carta y otros sectores de la elite, venían oponiéndole la idea de una tercera vía que estaba tardando en concretarse, vista la multitud de candidaturas. A esa elite, el derrumbe del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) la dejó sin un partido presentable para vehiculizar su antipetismo. Después de aportar activamente para que Bolosonaro se apropiara de esa preferencia negativa, hoy no sabe qué hacer para volver al bipartidismo presidencial “normal” que definió al Brasil por más de 20 años.
Mientras quienes se conjuraron para tratar de sellar el fin del PT se arrepienten de haber jugado a los aprendices de brujo, Lula vuelve a ocupar su lugar natural de eje del sistema político brasileño, como lo fue tanto cuando le tocó perder como cuando le tocó gobernar.
Camila Rocha, investigadora y doctora en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo, señala otro de los efectos inmediatos de la rehabilitación del expresidente: “el impacto ya se ha manifestado en la alteración de los discursos y prácticas de Bolsonaro en relación con la vacuna y el hecho de que colocó un globo terrestre en una de sus transmisiones públicas para demostrar que no adhiere al terraplanismo”. Consultada por Berria para este artículo, Rocha agrega que, a pesar de la sacudida que provocó esa rehabilitación, “la imagen del PT sigue muy asociada a la corrupción, al igual que la de Lula, por lo que tendrá que hacer un gran esfuerzo para ganar el apoyo de ese 40% del electorado que hoy no apoya ni a Lula ni a Bolsonaro, al que aquí llamamos ni-ni”.
Rocha escribió un año atrás junto a Esther Solano un análisis en el que destacaban que algunos de sus «exvotantes, desilusionados y frustrados, dicen que podrían votar de nuevo a Bolsonaro en 2022, pues no encuentran ninguna alternativa política o electoral». En diálogo con Berria, Solano, socióloga y profesora de la Universidad Federal de São Paulo, comparte algunos indicios de estudios de opinión pública más recientes en los que “se empieza a captar en entrevistas que personas que aún consideran que tanto el PT como Lula son corruptos se inclinan hacia un voto pragmático por Lula, porque la presente situación sanitaria, económica es tan delicada y frustrante que consideran que tal vez Lula sea el único capaz de sacar al Brasil del marasmo en el que se encuentra”. Las aspiraciones entre estos electores son “la unidad nacional, el equilibrio económico, una gestión de gobierno que no sea polémica y desastrosa”.
Sin embargo, la candidatura de Lula que ya se da por descontada también refuerza el componente antipetista y antilulista entre la mayoría de quienes votaron a Bolsonaro. Solano sostiene que en esos sectores “es muy fuerte la convicción de que el PT se habría apropiado del país para robar” y aunque parte de ese sector “está disponible para una tercera vía, ese proyecto está tardando mucho en unificarse”. Para la socióloga, además, Lula y Bolsonaro “movilizan afectos, sentimientos y emociones” y el capital simbólico que cada uno pone en juego “sofoca posibles alternativas, encarnadas en candidatos sin el impacto simbólico y subjetivo” que tienen los dos principales contrincantes.
Frente a ese panorama dicotómico que se vuelve a plantear con fuerza, la prensa conservadora, que facilitó el ascenso de Bolsonaro, trata ahora de presentar como simétricamente extremistas al actual presidente y a su predecesor. La reacción de O Estado de São Paulo a la rehabilitación de Lula fue justamente alertar en un editorial contra eso y anunciar su apuesta por una alternativa que estaría en el “justo medio”. El discurso de Lula tras el fallo que anuló los procesos en su contra da poco pie a pintarlo como extremista: su apelación, desde el podio en el Sindicato de Metalúrgicos del ABC, en São Bernardo, estuvo centrada en la necesidad de darle sencillamente un gobierno al país. El concepto clave fue el “cuidado”. Dijo Lula el 10 de marzo: “Este país no tiene gobierno. Este país no se ocupa de la economía. No cuida el trabajo, no cuida el salario, no cuida la salud, no cuida el medio ambiente, no cuida la educación de los jóvenes, de la niñez de la periferia”. Y se preguntó: “¿de qué se encargan?”.
Como lo señalara en muchas oportunidades su exvocero André Singer, Lula llevó adelante un proyecto para combatir la pobreza sin radicalización política, sin enfrentar al capital. Todo indica que ese es el tono que piensa darle a la larga campaña electoral con vistas a 2022, a la que los tribunales le dieron la campanada de largada con la anulación de los cargos contra el expresidente.
Lulinha, paz e amor fue la fórmula que le dio finalmente la victoria al PT en 2002. No enfrentaba entonces una fuerza radicalizada y sin apego alguno a la democracia como la que necesita desplazar 20 años después. ¿Encontrará la fórmula correcta esta vez?
Gabriel Puricelli
Sociólogo. Vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina.