Por Roberto Cassaglia
El pasado jueves 22 el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil1 ratificó la anulación de las condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que lo mantuvieron preso por más de 500 días y lo inhabilitaron para presentarse como candidato en las elecciones de 2018. El fallo trastoca profundamente el escenario político en el país, signado por la errática gestión de Jair Bolsonaro ante la crisis sanitaria del Covid-19.
El 8 de noviembre de 2019 Lula había sido liberado de prisión. A inicios de marzo de este año el juez designado por el STF, Edson Fachín, emitió una medida cautelar para la anulación de las causas que aún pesaban en contra del expresidente. El magistrado argumentó que los procesos por los que Lula había sido juzgado no tenían vínculo alguno con las irregularidades en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba de la operación Lava Jato, a cargo de Sérgio Moro. En otros términos, la decisión judicial ahora ratificada por el STF en su conjunto reconoce la parcialidad y la persecución que tuvo lugar hacia Lula por parte del exministro de Justicia de Bolsonaro.
Un estudio reciente de la agencia PoderData releva una intención de voto del 34% del electorado ante la eventual candidatura de Lula, que superaría al 31% de Bolsonaro, quien ya manifestó su intención de presentarse para un segundo mandato en los comicios que tendrán lugar en octubre de 2022.
De concretarse este escenario, Lula ampliaría su diferencia en un segundo turno hasta obtener el 52% de los votos, frente a un Bolsonaro que crecería apenas 3 puntos porcentuales (34%)2. La misma agencia relevó un nuevo pico en el porcentaje de brasileños que desaprueba la gestión de Bolsonaro, que alcanzó un 59%3, en una coyuntura en que el saldo de contagios y decesos debido a la pandemia continúa en aumento4 al igual que el resentimiento de la economía en los principales centros urbanos, aun pese al carácter prioritario otorgado a esta por encima del costo humano de parte del Ejecutivo federal5.
Bolsonaro adoptó desde el inicio de la pandemia un enfoque negacionista, propiciando discrepancias entre las políticas de los niveles de gobierno federal, estadual y municipal, puesto que las medidas implementadas no fueron coordinadas de manera centralizada. Esto redundó en una alta vulnerabilidad del sistema de salud, que en los momentos más críticos se vio colapsado en varios estados. A lo anterior se sumaron los cambios sucesivos en la cartera de salud. Luego del tránsito de otros dos ministros, fue designado en el cargo el general Eduardo Pazuello, quien sí se subordinó ante el negacionismo del Ejecutivo federal. La intervención militar en la gestión de la pandemia, de la mano de Pazuello, no obtuvo los resultados esperados. Sin reconocer plenamente los efectos del flagelo, en marzo el presidente decidió remover al militar y nombrar en su reemplazo a un civil, el médico Marcelo Queiroga. Esta sustitución fue seguida, a fines del mismo mes, del desplazamiento del general retirado Fernando Azevedo e Silva como Ministro de Defensa, hecho que provocó un suceso inédito: la renuncia simultánea de los comandantes del Ejército, la Marina y la Aviación. Los gestos de Bolsonaro fueron leídos como un retiro de apoyo a las Fuerzas Armadas en sus crecientes incursiones en la política y la sociedad civil, de allí la renuncia en bloque de su cúpula. Sin embargo, la errática gestión de la pandemia no hizo más que acelerar la crisis política brasileña en curso.
Bolsonaro asumió el 1º de enero de 2019 con un gabinete de ministros que contaba entre sus filas a siete militares, la mayor cantidad registrada desde el retorno de la democracia en el país. Además de esta apoyatura en la corporación militar, escogió como su ministro “estrella” al exjuez federal Moro, principal impulsor de la causa Lava Jato, responsable de la condena en primera instancia de Lula en julio de 2017 y su posterior detención en abril del año siguiente. Bolsonaro se percibió en un contexto político propicio para quebrantar la “regla de oro” del denominado presidencialismo de coalición brasileño: componer gobierno convocando a los partidos que le aportan sustento en el parlamento6. A fines de abril de 2020 ocurrió el gran cimbronazo en Planalto: Moro renunció a su cargo en medio de fuertes acusaciones de injerencia por parte del presidente. Con su salida, se rompía la articulación entre el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas que daban sustento al gobierno, llevándose consigo buena parte de la legitimidad que el ex-capitão había obtenido en su carrera por el cargo y tornándolo aún más dependiente de los militares.
Así llegamos a marzo del corriente, cuando decide cambiar -casi unilateralmente- su elenco de colaboradores para dar lugar a nuevos socios políticos, en busca de recuperar un cierto espacio de autonomía para sí mismo y morigerar su creciente dependencia de los militares. Dentro de esa estrategia de acercamiento al Centrão, una miríada de partidos que se ubican más bien a la derecha del espectro político y en conjunto conforman buena parte de ambos recintos parlamentarios, es que se inscriben los desplazamientos de funcionarios antes mencionados. Es en este momento, pandemia mediante, en el que eclosionan un conjunto de contradicciones contenidas en la génesis misma del governo Bolsonaro.
Lo anterior nos devuelve a Lula y las posibilidades de recomposición del sistema político brasileño que abre la rehabilitación de sus derechos políticos. Como ya mencionáramos, el proceso contra Lula se originó cuando Moro -quien ahora aspira al cargo de presidente- lo condenó en primera instancia a nueve años y medio de prisión7. La causa judicial abierta implicó, de hecho, su proscripción como candidato para un nuevo mandato8. Aunque inicialmente el PT sostuvo su candidatura para las elecciones de 2018, en agosto el Tribunal Superior Eleitoral (TSE) la impugnó y, finalmente, el partido designó una nueva fórmula presidencial. Los comicios mostraron, como rasgo distintivo, el fuerte descontento con el sistema político en su conjunto, el cual se reflejó en el nivel de abstención9. Al concurrir sin el expresidente, el PT sufrió una derrota que evidenció que la figura de Lula se hallaba indemne en su capacidad de movilizar un amplio y heterogéneo electorado, no así su partido.
Su eventual regreso a la arena electoral representa no solamente la posibilidad de retorno de un proyecto de carácter progresista, que pueda reponer una vez más la dimensión política por sobre los poderes fácticos y comenzar a paliar los efectos de una inacción calamitosa frente a la crisis humanitaria en curso. En términos más amplios, puede ser la única alternativa para suturar el profundo resquebrajamiento que se produjo dentro del sistema político brasileño con el viraje de los otros dos partidos mayoritarios, el PSDB y el MDB, hacia la conducción de una coalición que optó por impulsar un mecanismo destituyente, el golpe de Estado a la presidenta electa Dilma Rousseff (2011-2016), pavimentando así el camino para el vertiginoso ascenso de Bolsonaro.
Notas
1 Máxima instancia del Poder Judicial en ese país.
2 Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro no 2º turno e venceria por 52% a 34% (14 de abril de 2021). Poder360. Recuperado de: www.poder360.com.br/poderdata/lula-amplia-vantagem-sobre-bolsonaro-no-2o-turno-e-venceria-por-52-a-34.
3 56% rejeitam governo Bolsonaro; taxa parece ter atingido o pico (15 de abril de 2021). Poder360. Recuperado de: www.poder360.com.br/poderdata/56-rejeitam-governo-bolsonaro-taxa-parece-ter-atingido-o-pico.
4 Según datos del Ministério da Saúde: http://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html.
5 Sumado a ello, el Palacio de Planalto deberá enfrentar una CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), es decir, una indagación en el Congreso federal donde, además de imputársele inacción frente a la emergencia sanitaria, se investigará el destino de los recursos federales otorgados a las ciudades y a los Estados de la Unión con motivo de la misma, en busca de irregularidades.
6 De hecho, a fines de 2019, el presidente renunció al Partido Social Liberal (PSL), etiqueta con la cual había alcanzado el gobierno, y hasta la fecha se encuentra sin partido.
7 Se le imputaba haber recibido un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá (SP), como compensación por la ayuda que habría brindado a la constructora OAS para obtener contratos con el Estado. Aunque el hecho nunca fue comprobado, el fallo fue ratificado en segunda instancia (en enero de 2018, aumentando la pena a 12 años de prisión) y el magistrado obtuvo vía libre para firmar su orden de detención cuando, en abril de 2018, el STF rechazó un habeas corpus interpuesto por el expresidente para impedirla. El 7 de abril Lula fue detenido.
8 Dado que la ley electoral inhibe las candidaturas de los condenados en segunda instancia, normativa que se conoce como “ficha limpa”.
9 Que fue del 20,33% en la primera vuelta y del 21,26% en el balotaje, según datos extraídos del TSE. Disponibles en: www.tse.jus.br.
Roberto Cassaglia
Sociólogo (UBA) y becario doctoral del CONICET, integra el Observatorio Electoral de América Latina con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (FSOC, UBA).