Entrevista a Rozanski: «Esta resolución de la Corte es especialmente lamentable pero hay que entenderla en el contexto político de una Corte Suprema que miró para otro lado durante cuatro años de persecuciones”

Conversamos con el exjuez de Cámara Federal y expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que que desde 2006 estuvo a cargo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz y al cura Christian von Wernich. 

¿Cuál es tu posición con respecto al proyecto de reforma judicial? 

Básicamente hay que tener en cuenta que este proyecto no es de reforma. Porque en realidad no reforma al poder judicial ni tampoco al fuero federal, sino que toma un par de medidas que no cambian en lo sustancial nada del funcionamiento. Podría llegar a mejorar algunos aspectos, como puede ser el aumento de juzgados. Si tenemos en cuenta en este momento que la mayor parte de la población, un 90% del país, descree de su justicia, esto solo ya justifica ponerse a pensar cómo se puede mejorar y qué hay que hacer. Creo que ayudará a comenzar un proceso de mejora, pero los problemas son estructurales. La parte beneficiosa del proyecto, que tiene que ver con aumentar los juzgados federales, es una mejora en sí misma. Estamos hablando de duplicar la cantidad de fueros federales y de crear juzgados con jueces nuevos. La actual designación es infinitamente mejor que en los cuatro años anteriores por la manipulación que se hacía durante el gobierno de Mauricio Macri. La creación de juzgados que presuponen concursos, llevados en un contexto democrático, van a diluir un poco el poder que tienen los actuales jueces federales. En el mismo sentido, las fiscalías que se agregan. El aspecto negativo, la parte que no se va a modificar, es que no se tocan los intereses de sus deberes anteriores. Una de las protestas de la oposición es el invento absurdo de que el proyecto es para generar impunidad, lo cual carece completamente de sentido. Tal como explicó el presidente de la Nación, no se tocan las causas que están en trámite, que van a continuar con los mismos jueces, lo cual para mí es un problema. Significa una garantía para la oposición porque en última instancia las causas van a seguir en manos de quien las tiene. Esto no es bueno para el país. Por ejemplo, Stornelli sigue siendo fiscal de cualquier causa cuando es un individuo que no debería estar en la justicia. Esa es la parte negativa: la continuidad de los jueces y fiscales que no son decentes, algo tan triste como grave.

Si tuvieras que identificar los problemas estructurales que hoy tiene la justicia, ¿cuáles serían los principales?

La justicia y el poder judicial argentino sufren históricos problemas estructurales que tienen que ver no tanto con el funcionamiento procesal cotidiano, sino con una raíz que es ideológica. El poder judicial desde su creación siempre ha estado integrado por sectores sociales privilegiados. Una aristocracia judicial marcó todo el camino que llevaron adelante: ya en 1930, cuatro días después del 6 de septiembre, la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado.

El problema estructural no tiene que ver con un procedimiento, si es acusatorio, mixto o inquisitivo, tal como ahora se está tratando de modificar, sino que hay algo en la raíz más profunda que tiene que ver con la pertenencia social ideológica y de clase de cada uno de los miembros. Es un tema del cual no se habla mucho, por supuesto, en la llamada familia judicial.

A lo largo del tiempo se ha reiterado el sistema de privilegios sociales de una clase específica y esto es un tema mayor que no se resuelve con un proyecto de reforma. 

¿Y en relación con las presiones no solo políticas sino también corporativas?

No. No podemos distraernos con eso, es absolutamente obligatorio siempre denunciar esas cosas. Hacerlo explícito. ¿En qué cabeza cabe que un juez que está siendo presionado no tenga la obligación de denunciar? Lo que pasa es que en la práctica no lo denuncian. Y eso es realmente muy malo. Me parece irritante que lo hagan cinco años después de que lo haya presionado, porque uno piensa que esa jueza o ese juez que fueron presionados y no lo denunciaron, tampoco se fueron. 

¿La no-denuncia no lo pone en un lugar de ilegalidad si no se incorpora este punto en la ley? 

El proyecto de ley prevé que quien no denuncie la presión incurre en mal desempeño. La pregunta del millón es: si no está esa norma y un juez que tiene que tomar decisiones tan graves es presionado y no lo denuncia, ¿acaso no es mal desempeño? Esta norma hace explícito algo que ya sabemos. Lo ideal sería tener jueces que no necesiten tener una norma como esta.

¿Y el cambio del sistema acusatorio? 

En dos palabras, para quienes no son abogados, el sistema tradicional ha sido un sistema inquisitivo proveniente del derecho romano con un personalismo muy fuerte en manos del juez director del proceso. Tiene una característica específica: el juez que investiga es el mismo que además procesa. Esto se viene cuestionando desde hace tiempo con razón. Por eso nosotros en la Argentina pasamos del sistema inquisitivo puro, es decir, un juez amo y señor del proceso, a uno mixto que tiene una parte escrita durante la investigación y luego un juicio oral. Hay un nuevo modelo que está en marcha en muchas provincias en el ámbito de la justicia provincial y que se está probando en Salta y Jujuy en el ámbito federal. Me refiero al acusatorio puro, que no es inquisitivo ni mixto: primero es oral y en segundo lugar quien investiga es el fiscal. El juez va a tomar decisiones respecto de la investigación pero quien la lleva adelante es el fiscal.

¿Y eso sería bueno o malo? 

Si el fiscal es Stornelli, es muy malo. Yo creo que en teoría es un avance si va acompañado de que no sigamos teniendo fiscales como él. Puede haber un sistema teórico bueno, pero si está en manos de delincuentes no sirve. Hay que abrir un poco el panorama y tomar conciencia para aceptar que tenemos una falla estructural en la institución del poder judicial. Uno no puede apoyar algo sin agregar que es mínimamente una parte. Rodríguez Saá comparó el proyecto con la lechuga en el asado y no es mala esa metáfora. 

Llama la atención de manera recurrente cómo a lo largo de la historia argentina hay medidas tibias que generan un nivel de oposición tan grande que uno piensa que son más rupturistas de lo que en realidad son. Hay cierto reformismo que es castigado como si estuviéramos frente a una revolución. 

Es muy interesante analizar las razones y el por qué genera una respuesta de esa envergadura. La oposición rechaza este proyecto sin conocerlo, lo cual demuestra que el problema no es el contenido, sino intentar modificar algo del poder judicial. A la oposición, el sector más reaccionario de la sociedad, le conviene que las cosas sigan cómo están. El poder judicial les garantiza su impunidad. Por eso Mauricio Macri está en libertad, va y viene. Igual que Dujovne, Marcos Peña o Iguacel. Nos llevaría todo el día hablar de la lista de gente que se beneficia con este poder judicial. Esa es la razón por la cual ni siquiera hacía falta conocer el contenido para oponerse a la idea. Es muy aleccionador. 

Contanos tu experiencia personal como juez durante el macrismo, los niveles de apriete y persecuciones que te llevan a decir que fue el peor gobierno de los cuarenta años de democracia.

Fui juez durante veinticinco años: diez en la Cámara de Crimen de la provincia de Río Negro y luego quince en la Cámara Federal, ambos por concurso. Primero había sido designado por un gobernador radical a quien no conozco ni conocí y después por un presidente de la Nación también radical a quién tampoco conocí ni con el que hablé nunca.

Durante esos veinticinco años hubo gobiernos de distintos signos políticos y jamás tuve presión ni me dijeron lo que tenía que hacer. Cuando Macri asumió, todo cambió radicalmente porque enseguida se produjo un anuncio periodístico.

Jorge Lanata dijo en su programa, con Romina Manguel y Ernesto Tenembaum, que Macri había decidido echar a tres jueces. Lanata mostró tres muñecos: uno con la cara de Eduardo Freiler de la Cámara Federal de Buenos Aires, otro con la de Daniel Rafecas de Comodoro Py y otro con la mía. Efectivamente a la semana me denunciaron en el Consejo de la Magistratura. Fue Juan Bautista Mahiques, un representante de Macri en sintonía con lo que Lanata había anunciado, un sicario muy peligroso que hoy es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires el que hizo una denuncia absurda y ridícula que tomó una denuncia histórica que ya había sido rechazada. Lo que importa es el contexto en el que se hizo y su efecto. Yo tomé conocimiento de que era en serio y que tenían el número para destruirme, cosa que luego hicieron con Eduardo Freiler. Como ya había tramitado mi jubilación, no tuve ningún reparo en renunciar. En el mismo sentido Gils Carbó se tuvo que ir de la Procuración por ese tipo de operaciones. Es un ejemplo de lo que sucedió durante esos cuatro años en los cuales lograron su objetivo principal: el saqueo. Para eso necesitaron, por ejemplo, alejar a los jueces que podían ser interferencia o a la procuradora que también podía interferir. Esta gente sabe a quién presionar. Macri no solo manipuló, extorsionó, apretó y espió, sino que terminó desplazando a quien quería. 

Participaste en causas emblemáticas, como el juicio a Miguel Etchecolatz y a todo el circuito Camps, con más de veinte represores vinculados a la Policía de Buenos Aires. ¿Qué mirada tenés sobre la Bonaerense que estuvo en el centro de la escena hace solo unas semanas?

Pasa algo parecido que con la justicia: hay una zona no dicha. Me preocupa en el nivel institucional. Así como en el caso de la justicia hablamos de la familia judicial, la reproducción de modelos aristocráticos, en el caso de la policía pasa algo similar. No se habla con la verdad, sino a escondidas, hay muchas cosas sobre la policía que se conversan en privado y no se dicen públicamente salvo excepciones, cuando algunas personas se animan a decirlo. Hay gente muy buena y también gente muy mala.

El problema es qué hacemos con los muy malos, con los policías cómplices del tráfico de drogas, la prostitución y el juego, es decir, cosas históricas que siempre se han atribuido a individuos aislados cuando ya no quedaba más remedio que aceptarlo porque las pruebas eran abrumadoras. Como manzanas podridas. Pero la realidad es que nunca se fue al fondo del problema que es la raíz institucional.

Es una institución montada sobre un sistema de funcionamiento cotidiano en el cual la extorsión, la corrupción y la coima son moneda corriente. Insisto: dejando a un lado a las decenas de miles de personas que están dentro del sistema y que son honestos. Yo me refiero al otro sector. Si eso no es tenido en cuenta, entonces no se van a hacer las correcciones necesarias, que deben ser profundas.

¿Considerás que las reformas que se hicieron en democracia no fueron al núcleo? León Arslanian había pasado a retiro a un montón de policías, aunque muchos de los puntos que se impusieron en aquella reforma luego volvieron para atrás.

Aunque fueron positivas, no fueron al hueso. No fueron reformas suficientes porque si no tenés en cuenta las reacciones que vas a provocar, cómo las vas a enfrentar, lo único que hacés es algo riesgoso. Porque movés el avispero en una fuerza con gente que lleva armas. Sostengo fervientemente que hay que analizar la profundidad de la institución para modificarla.

¿Creés que la rebelión policial reciente que sufrió el gobierno de la Provincia de Buenos Aires está en el marco de algo destituyente o simplemente expresó la falta de mirada sobre un problema estrictamente gremial que se fue de las manos? 

Hay una parte que reclamó lógicamente por sus salarios. Pero en la forma y la fecha podemos decir que fue claramente destituyente porque fue programado. Lo había anunciado la exfuncionaria Arietto. Y unos días antes Duhalde había hablado de un golpe de Estado. Es decir, se está transitando un movimiento destituyente que comienza con una desestabilización llevada adelante por una organización criminal, que es básicamente lo que es el PRO, Cambiemos y hoy Juntos por el Cambio. Tienen un núcleo muy importante que trabaja para esto. Ellos son destituyentes: hay una lista interminable de pruebas. Son quienes se montan en el atraso salarial de la policía para diseñar un plan de acción. ¿Cómo puede ser que en el country Ayres de Pilar los vecinos se sienten delante de un móvil penitenciario que transporta a Lazaro Baez y que con una maza rompan el parabrisas sin que pase nada? Fijate que frente al delito flagrante, en el momento cuando se estaba produciendo, había servicios penitenciarios federales, estaba la policía bonaerense e incluso el agente de seguridad del country, es decir, tres vectores de seguridad, pero nadie impidió que rompieran el móvil. Nadie frenó al vecino con la maza. Es de un nivel de obscenidad la operación que hace este grupo destituyente, con absoluta impunidad. Te garantizo que con solo tomar el celular de alguno de los vecinos, guardias o penitenciarios bonaerenses, en diez o quince días habríamos tenido un mapa completo de cómo se diseñó la operación. ¿Leíste en algún lado que se haya secuestrado el teléfono de alguno? «Say no more», dice Charly García. 

¿La doctrina Irurzun sigue vigente? 

No es doctrina, pero tiene algo interesante: para la ley argentina la gente peligrosa siempre fue detenida o se trató de que fuera detenida por razones obvias. Hoy estamos frente al problema de definir qué es peligroso. Imaginate el poder residual que tiene Mauricio Macri, que ha cometido una cantidad de delitos infinita.

Evidentemente el problema no está en lo que se llama doctrina Irurzun, sino en lo que la sociedad define como peligro. Si no fuera así no habría detenidos. Hay una parte importantísima de la gente que está en la cárcel, decenas de miles de ciudadanos, que no están condenados. Hablamos de un porcentaje alto, un treinta o cuarenta por ciento, que está preso por lo que se llama prisión preventiva. ¿Y Mauricio Macri no es peligroso? ¿Ni Chocobar, que mató por la espalda? Esa diferenciación de criterios, ese doble estándar, es lo que hace que la llamada doctrina Irurzun sea tan irritante. 

¿Que opinás del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación con la situación de los tres jueces?

Respecto de los tres jueces rebeldes Bruglia, Bertucci y Castelli, la Corte Suprema de Justicia, tenía tres posibilidades de elaborar su fallo. La primera era anular los traslados ya que los mismos no reúnen los requisitos constitucionales. Esa sería la solución menos dañosa en esta instancia. La segunda sería el otro extremo: confirmarlos en sus lugares actuales, lo cual claramente termina siendo ilegal. La tercera era disponer que se queden provisoriamente en los cargos que están ocupando hasta que se concursen y una vez que se designen los jueces definitivos ellos volverían, según el fallo de la Corte Suprema, a sus lugares originales. Esta votación salió 4 a 1: la disidencia del presidente es la de Carlos Rozenkantz que eligió la segunda opción, la más irritante e ilegal. Votó por confirmar a los jueces que no reúnen los requisitos constitucionales, una situación claramente grave. Los jueces restantes, tres por un lado y Elena Highton de Nolasco con adhesión y su propio voto, se inclinaron por lo que los medios llamaron «fallo salomónico», que en realidad no lo es por que se trata de una decisión jurídicamente contradictoria y también es grave. Si como dicen los propios jueces de la Corte en los considerandos del fallo «la única forma válida de designación de jueces es según los requisitos constitucionales» y estos jueces no los reúnen, entonces jamás podrían continuar en los cargos hasta los nuevos concursos. Este razonamiento a mi entender viola un principio lógico que es el de «no contradicción», es decir, que dos cosas opuestas no pueden ser ciertas. Esta resolución de la Corte es especialmente lamentable pero hay que entenderla en el contexto político de una Corte Suprema que miró para otro lado durante cuatro años ante las atrocidades cometidas por el gobierno de Mauricio Macri, años de persecución a distintos sectores de la población que eran opositores, incluyendo a jueces y fiscales. Ante todo esto la Corte Suprema actual miró para otro lado y no tomó partido.

¿Cuál fue tu experiencia más importante cómo juez? 

En el fuero criminal los delitos siempre fueron graves y a partir de hechos terribles, como homicidios y violaciones. Cada uno en sí mismo tiene una historia. Si debo elegir una es haber puesto la palabra correcta de lo que había sucedido en Argentina, haber dicho genocidio en la sentencia de Miguel Etchecolatz. Algo que muchos pensábamos y que se tradujo en un acto jurídico. Es un simbolismo importante, un momento trascendente, porque se pone en papel, en este caso en una sentencia, lo que uno piensa y siente.

Entrevista: Guillermo Levy.

Ilustraciones: Azul Blaseotto.