Mi tesis doctoral fue sobre las disputas en torno a la regulación estatal de las parejas gay lésbicas en la Argentina contemporánea1. Disputas que encontraron un punto de cierre (así sea provisorio) con la sanción de la ley 26.618, más conocida como de “Matrimonio Igualitario”. No supe que sería así sino hasta pocos meses antes: en octubre de 2009 estaba realizando una estadía de intercambio académico en Río de Janeiro. Entonces, entre colegas de la UERJ y mientras recorría las bibliotecas de la ciudad, me topé con la novedad de que las Comisiones de Legislación General y Familia, Niñez y Adolescencia habían consensuado una agenda común para el tratamiento de los proyectos de modificación del Código Civil en lo atinente a Matrimonio. “Había que dar un paso muy importante que es institucionalizar el debate”, afirmó Vilma Ibarra cuando la entrevisté en marzo de 2010.
Lo que siguió fueron meses vertiginosos, de ceremonias paganas en registros civiles y reuniones secretas en despachos del Congreso y la Casa Rosada, de creciente visibilidad de parejas de gays, lesbianas, familias homoparentales y aliados inesperados2. Cuando por fin defendí la tesis, en noviembre de 2011 una de las juradas dictaminó que lo mío había sido la “etnografía de un proceso político”. Yo no me habría animado a nombrarle de esa manera, pero lo que sí es seguro es que asistí a un proceso dinámico y abierto, intentando al mismo tiempo describirlo y comprenderlo. A diez años, las lecturas teleológicas se imponen: tendemos a encontrar motivos que expliquen los resultados obtenidos. Sin embargo, como entonces, quisiera rescatar la contingencia de los procesos políticos: “Los cambios, que tal vez en algún momento sean leídos como producto de la necesidad histórica o del normal avance de las cosas, ocurrieron entonces (como siempre que ha habido política) mezcla de fortuna y virtú… La política no se sirve (solo o principalmente) de motivos morales (la ley no salió porque fuera ‘más justa’), ni del cálculo estratégico de un solo actor. En la política intervienen el azar, la sorpresa y la mayor o menor inteligencia para medir el partido. Es en ese cruce entre fortuna, acción política e inmanencia que puede pensarse la democracia” (de Conyugalidad y Ciudadanía…).
Procesos virtuosos
Recuerdo aterida la noche del 14 de julio. A diferencia de lo que había ocurrido meses antes, cuando la reforma obtuvo media sanción en Diputados, esta vez había decidido desplazar la mirada del ámbito institucional de la Cámara, para seguir el proceso en la calle. La zona del Congreso estaba repleta, los bares agradecidos de esa extraña vigilia. En los televisores se proyectaba el debate. La agenda política escalaba en el rating.
Nadie sabía cuál sería la resolución final. Y de todas formas ya entonces aquel proceso podía considerarse virtuoso, en términos de la construcción democrática en nuestro país. En 2018 con el debate sobre la despenalización del aborto volvimos a saberlo: incluso en las batallas perdidas hay trincheras ganadas.
La disputa que concluyó en la sanción una nueva Ley de Matrimonio ocupó unos pocos meses. En menos de un año el procesamiento estatal resolvió un asunto que venía de larga data: “Años atrás, la represión policial era nuestra principal preocupación. A partir de la epidemia del sida, nuestro mayor problema es la herencia”, diría Carlos Jáuregui durante una entrevista en el diario Página/12 en 1994 (Bellucci, 2010: 88).
El debate estuvo signado por los caracteres de su época: la participación del Poder Judicial y las pugnas que ella suscitó entre las competencias jurisdiccionales resultaron indicativas de conflictos no resueltos respecto de la creciente intervención del ese poder en los asuntos políticos, con las paradojas que conlleva en términos de potencialidades y restricciones al accionar colectivo. Luego, el tratamiento en el Senado volvería a poner en cuestión la fisonomía del espacio público del debate, al extender Audiencias Públicas por varias provincias en un hecho inédito de federalismo parlamentario. Ello reforzaría dicotomías persistentes de la historia argentina (ciudad puerto-interior; tradición-modernización) a la vez que contribuyó a resquebrajarlas, por cuanto se contrastó con una realidad mucho más heterogénea, incluso promoviendo alianzas novedosas entre colectivos LGBT y organizaciones sociales (sindicatos, movimientos de derechos humanos) en distintas ciudades del interior del país.
En el curso de la discusión, el debate se amplió hasta abarcar esferas públicas informales, aquellas formaciones efímeras, pero intensas, en diversos lugares de la vida cotidiana donde se discute y delibera (Fraser, 1997: 129): de la mesa familiar a la puerta de los colegios, un “asunto de minorías” pasó a ser cuestión de todxs. La rapidez del proceso estuvo aparejada de una casi constante redefinición del espacio público del debate: cuál sería el ámbito de resolución del asunto, bajo qué reglas se debatiría (¿recuerdan el intento de someter la cuestión a un plebiscito?). Inclusive la demanda promovida por el movimiento LGBT en pos del reconocimiento legal de las parejas gay lésbicas, fue mutando hasta transformarse en “Matrimonio Igualitario”. Fue frente al argumento de “discriminación justa” ya presente en el debate sobre la Ley de Union Civil3 y reiterado en este4, que se afirmó la igualdad como principio político; esto es: suponiendo la existencia de diferencias que (sin embargo) no son consideradas en términos de ciudadanía.
Claroscuros
Por una parte, el proceso en torno a la ley 26.618 reconoció en un movimiento social (en este caso el LGBT) la capacidad de promover un debate público y transformar marcos normativos sacralizados, promovió coaliciones e identidades políticas novedosas, reafirmó el carácter político de la igualdad y se sirvió y contribuyó a la transformación del “mapa” estatal, al asumir la igualdad y no discriminación hacia gays, lesbianas y otras diversidades sexuales como parte del quehacer de un Estado democrático. Pero por otra parte, ese mismo proceso señaló sus limites:
Como ya indicara respecto de la Ley de Unión Civil de 2002, el asunto logró recibir tratamiento en la agenda institucional recién cuando los ámbitos representativos se encontraban bajo tela de juicio por su inoperancia para resolver otras cuestiones problemáticas. Otro tanto sucedería en 2018: ¿cuánto más patente hubiera sido la crisis política si no se debatía la despenalización del aborto?
Luego, fue frecuente la apelación al sufrimiento y la condición de víctima (en el pasado, en la infancia) de la población LGBT, fundando los derechos en una necesidad ética o moral (antes que política) de resarcimiento. En simultáneo, el debate omitió puntos particularmente conflictivos, como la violencia actualmente existente por motivos de género u orientación sexual. Apenas la Diputada Chienno se animó a cuestionar: “Antes de hablar de los resultados sociales y de poner en valor las uniones homosexuales, debemos mencionar la cantidad de mujeres que son maltratadas física, psicológica y moralmente, y muertas todos los años a manos de sus muy tradicionales parejas heterosexuales”. Así, poco se cuestionó respecto de aquel “mismo amor” que reclamaba los mismos derechos.
Finalmente, el asunto pudo ser procesado como un fenómeno sin antagonistas ni por ende perdedores: aun cuando durante el proceso quedaran en claro proyectos contrapuestos acerca del “buen orden”, la demanda pudo ser procesada como aquella en la que “todos ganan”, expandiendo derechos sin que ello resulte en perjuicio de nadie. Ni qué decir del relato teleológico que inscribió la reforma en una corriente de progreso inevitable, a la cual los países que se pretenden modernos se encaminarían.
2020: Volver a creer en la política
Para ser efectiva, la subversión sólo será situada, parcial y siempre por recomenzar.
Subvertir es un verbo transitivo: se subvierte algo en un momento dado,
o no se subvierte nada de nada.
Didier Eribon (2010: 10)
“Nada más peligroso que las efemérides” dice una amiga historiadora que conoce de sus usos y abusos. Y sin embargo, en estos pandémicos tiempos quizás tenga sentido volver sobre aquel 15 de julio de 2010. Ahí donde los márgenes de acción parecen confinarse, cuando los proyectos colectivos exigen distanciamiento social y la estadística epidemiológica señala futuros inexorables, el proceso de Matrimonio Igualitario vuelve para recordarnos la inmanencia del orden social. Esto es: más allá de su resultado, el debate mostró que son las sociedades las que definen y redefinen sus propias normas; que el cálculo político es ese que nunca termina de cerrar, cuando reclaman los que no tienen parte. Ello habilita la posibilidad de que emerjan nuevas demandas y sujetos políticos.
Notas
1 Hiller, R. (2017). Conyugalidad y ciudadanía, Buenos Aires. Disponible en: https://www.teseopress.com/ciudadaniaconyugalidad.
2 “A lo mejor hace algunos años no pensaba igual (…) pero no se les puede privar del derecho a casarse”, respondió Hugo Moyano, titular de la CGT al ser consultado pocos días antes del debate en Diputados. Véase:
3 “Reconocer otro tipo de uniones y equipararlas a la familia es discriminarla y atentar contra ella” (diputado Enríquez en Debate sobre Uniones Civiles, citando a su vez el documento de la Conferencia Pontificia para la Familia y la Comisión Pontificia para América latina del 12 de octubre de 2002).
4 El principio de igualdad y no discriminación de los ciudadanos ante la ley debe armonizarse con el principio de justicia, que significa tratar lo igual como igual y lo desigual como desigual, dando a cada uno lo suyo (senador Bermejo, Sesión del 14 y 15 de julio de 2010, HSN).
Referencias
Bellucci, M. (2010). Orgullo. Carlos Jáuregui, una biografía política. Buenos Aires: Emecé.
Eribon, D. (2010). De la subversion. Droit, norme et politique. París: Cartouche.
Fraser, N. (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición post socialista. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Renata Hiller
Licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales (UBA). Docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB e investigadora del CONICET.