El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de mayo es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago (1886) y de afirmación de la dignidad de los trabajadores en su lucha por los derechos laborales y sociales que les son debidos. Hoy, a un siglo de la masacre de Chicago, la expansión de las políticas de ajuste y el desconocimiento de derechos sociales y laborales ya consagrados reanudan y profundizan esta lucha. Las reivindicaciones por jornadas de trabajo acotadas y remuneradas es moneda corriente.
El modelo de sustitución de importaciones se acompaña, en la Argentina, con la creación de un sistema de relaciones laborales y un modelo sindical que expresan una configuración institucional donde se articulaban actores sociales, sectoriales y territoriales. En esa etapa, el ciclo económico posibilita una situación de pleno empleo (con desajustes friccionales puntuales) y una evolución de los salarios que se mueve al compás de los ciclos económicos expansivos y recesivos y de los movimientos de los actores sociales que tensionaban la puja distributiva intersectorial. El Estado de Bienestar que se desarrolla, a diferencias del modelo europeo, no representa un sistema integrado pero genera una protección social asociada a la inserción asalariada en el mercado de trabajo. La salud, la educación, la previsión social y la vivienda eran provistas o subsidiadas por el sector público. Los niveles de exclusión y pobreza eran bajos y la sociedad desarrollaba y se autopercibía a través de fuertes valores de igualdad, derechos y ciudadanía social derivados de la movilidad social ascendente que distinguió durante mucho tiempo a la Argentina y conformó vastos sectores sociales medios. Es interesante remarcar que en el imaginario societal se trataba de un modelo universalista, pero que en la práctica era un “universalismo restringido” donde quedaban excluidos tácitamente los trabajadores rurales, los estatales, etcétera.
Esto se correspondía, a su vez, con una distribución funcional y personal del ingreso más igualitaria y muy distante de las desigualdades actuales. En ese modelo, la puja distributiva encontraba –de alguna manera– a los trabajadores y sus gremios, junto con el capital, presionando sobre el Estado para obtener ventajas de los ingresos provenientes de los recursos producidos por el sector agroexportador.
Los rasgos distintivos del modelo sindical argentino son: negociación colectiva centralizada por rama o actividad como instrumento regulador de la relación de trabajo (interrumpida frecuentemente por los gobiernos de facto), las prestaciones sociales que transforman a los gremios en “agentes de servicio social” (ofertantes de salud a través de las obras sociales, turismo, etcétera), un modelo sindical que no solo actúa a nivel centralizado por rama de actividad, sino a diversos niveles territoriales (en el lugar de trabajo, comisiones de base, en la seccional del sindicato) y, finalmente, en la asociación de segundo o tercer nivel.
La dictadura de mediados de los setenta borró gran parte de los derechos colectivos y persiguió, encarceló y mató a numerosos dirigentes sindicales. Algunos de ellos integran las listas de muertos y detenidos-desaparecidos con delegados de base y dirigentes sindicales. Los casos que se están juzgando de Ford, de SMATA y Río Santiago son parte de una larga lista de trabajadores y sindicatos atacados por la represión militar en complicidad con la sociedad civil. Hubo sindicatos y obras sociales intervenidos, se cambió la Ley de Contratos de Trabajo recortando significativamente derechos, se eliminaron por decreto todas las experiencias participativas en las direcciones de las empresas. Los sindicatos fueron protagonistas de primera línea en el proceso de reapertura democrática que puso fin a la dictadura militar en 1983, lideraron la protesta social contra las políticas de ajuste implementadas por el gobierno radical entre 1983 y 1989 y crearon nuevos movimientos reivindicatorios y políticos en la década de los 90. Basta recordar las acciones del MTA (que agrupaba a todos los gremios del transporte, conducida por Hugo Moyano), las acciones contra las privatizaciones (FOETRA, UOM San Nicolás, etcétera) y la actuación de la bancada de diputados sindicales en los 90 frenando las leyes que derogaban derechos de los trabajadores. En esa década emerge una nueva central sindical que incorpora las necesidades y derechos de los asalariados, de los desocupados y de los jubilados e impone como espacio de lucha el ganar la calle saliendo del lugar de trabajo.
En los 90 las relaciones laborales y la organización del trabajo se enfrentaron a un nuevo escenario: tasas de desempleo y subempleo altas y persistentes, nuevos convenios colectivos descentralizados y/o articulados, fuertes cambios en la organización del trabajo (movilidad funcional y formas de flexibilización) y transformaciones en los mercados de trabajo y en el perfil de los trabajadores, crecimiento acelerado del sector servicios y retracción del sector manufacturero. El sistema de relaciones laborales cambia en su modelo de actuación de aquel acuñado en la década del 50, tanto a nivel de legislación como a nivel de políticas de gestión de personal. Las transformaciones se verificaron en los modelos territoriales, en las innovaciones tecnológicas y organizacionales, en los institutos legales y en las modalidades de contratos de empleo. Los temas laborales y sociales dejaron de ser una preocupación social para ser trasladados a la esfera individual. Surge un sindicalismo de negocios que crea sociedades comerciales para atender riesgos del trabajo, jubilaciones privadas, etcétera.
El período que se inicia en 2003 recupera parte de los viejos derechos suspendidos, tanto en materia individual como colectiva, pero enfrenta realidades más complejas y heterogéneas.
Los asalariados estables no constituyen la mayoría de la categoría, sino que se presentan con diversas situaciones de precariedad en sus relaciones laborales y contratos de trabajo. Los desocupados se encuentran organizados en incipientes movimientos sociales. La desigualdad y la pobreza se han tornado un problema social y humanitario estructural desde los años 80. Las políticas que se diseñan y que se reclaman ya no pueden ser exclusivamente laborales, sino sociales.
Desde las políticas de Estado se recuperan y amplían las instituciones laborales, la negociación colectiva, el Consejo del Salario Mínimo (al que se incorporó la CTA), la inspección del trabajo, y todos los programas de inclusión ciudadana como los de empleo, formación profesional y terminalidad educativa. También se transformaron progresivamente los programas sociales en programas de empleo (Jefes y Jefas, Familias, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo) que fueron apoyados por las asociaciones sindicales y las empresas aunque no fueran el centro de sus demandas.
Hubo una fuerte puja por la distribución del ingreso que se expresó en los conflictos alrededor de mejoras salariales y las demandas de reducción o eliminación de impuestos a las ganancias. El período fue escenario de una fuerte revitalización del accionar sindical, de una fuerte negociación colectiva institucionalizada y revalidada en nuevos convenios, de una significativa irrupción de nuevos sindicatos y nuevas agrupaciones gremiales y sociales. La agenda de diálogo se focalizó en la puja distributiva por la recuperación y crecimiento real de los salarios y en los derechos sindicales, mientras no fueron objeto de interés temáticas asociadas a la organización del trabajo y a la innovación. Las mujeres trabajadoras representan una excepción ya que fueron construyendo un frente transversal de sindicalistas mujeres que luchan significativamente por la equidad de género en el mundo del trabajo y en el sindical.
Por supuesto que el cambio de gobierno en 2015 puso en cuestión derechos, laborales y previsionales en nombre del “costo laboral” acorde con el “clima de época” regional e internacional. Hubo paros generales, parciales, de cada una de las centrales, todos juntos, separados, que, sin embargo, no encontraron un marco de diálogo ni de interlocución con las autoridades, salvo en el caso aislado de algunos gremios.
El sindicalismo y los trabajadores se enfrentan a un mundo del trabajo segmentado, con asalariados y cuentapropistas, con trabajadores formales e informales, con desocupados calificados y una mayoría con baja calificación. Hoy el sindicalismo ya no tiene como referencia un actor social único, sino múltiple, complejo, con relaciones con el sistema productivo volátiles.
Desarrolla estrategias disímiles (combativas, no combativas, confrontativas) ante un futuro cargado de amenazas para el gremialismo y para los actores del mundo del trabajo. El llamado futuro del trabajo viene preñado no solo de nuevas tecnologías y nuevos sistemas de producción, sino de nuevas formas de empleo que amenazan con segmentar aún más a los trabajadores y ponen en duda el conjunto de sus derechos (los consagrados legalmente y los que no).
Está claro que no son las tecnologías las que condicionan nuevos sistemas de empleo, sino que es lo que nos quieren hacer creer. Las nuevas modalidades de contratación se extienden con independencia de la tecnología aplicada. El crecimiento de los monotributistas en la Argentina es el resultado de nuevas estrategias empresariales y de nuevas generaciones de trabajadores que se acercan al trabajo de otra manera, con otros valores, con otras subjetividades.
Cómo enfrentar estos nuevos escenarios con un Estado ausente o pasivo ante los desequilibrios entre capital y trabajo, en los que se ensalza el trabajo por plataformas y se llama colaborativo aquello que no lo es. Por un lado, tenemos la ventaja de que la tradición sindical argentina genera que los chicos que trabajan en las apps se unan para formar un sindicato. La historia pisa fuerte en la valorización de la acción colectiva frente a la individual.
¿Están los trabajadores y sus organizaciones preparados para defender o resignificar derechos directa e indirectamente asociados a la condición laboral? ¿Hay preocupación y reflexión sobre los nuevos perfiles ocupacionales y cómo reconvertir a los trabajadores (actuales y futuros) a ellos? ¿Hay acciones significativas en formación que denoten la importancia de tener nuevas generaciones de trabajadores y sindicalistas preparados técnica, administrativa y políticamente?
El mundo del trabajo se despliega en un escenario profundo de incertidumbres y de incógnitas. Los Estados no gobiernan, los grandes gigantes de la información manejan estratégicas bases de datos, la confidencialidad de los datos no es resguardada por los Estados y estos se venden al mejor postor.
Me animaría a decir que las viejas tácticas ya no son útiles; por ello, los nuevos gremios y las nuevas representaciones buscan otros caminos de protesta. El mundo cambió y también el trabajo se ha transformado y, por consiguiente, nuestra fuente de ciudadanía, de identidad y de subjetividad. Mucho depende de nosotros, de los trabajadores y sus organizaciones. No es replicar Lampedusa, de cambiar para no cambiar: es cambiar para defender los valores de dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. La justicia social no se negocia, pero ¿nos estamos cuestionando en profundidad cómo se la defiende en un mundo del trabajo tan segmentado, con reivindicaciones algunas muy básicas y otras muy diferenciadas? ¿Se pueden aplicar estrategias universales, masivas? ¿Cómo se diseñan estrategias colectivas eficientes en este nuevo entorno y en escenarios de crisis y ajuste? ¿Cómo se defienden la dignidad, la igualdad y la ciudadanía social del conjunto de los trabajadores y de los sectores sociales que han sido excluidos sistemáticamente por las políticas de ajuste? El desafío es importante, ¡vital! ¡De cómo nos preparemos y actuemos, de cómo tracemos estrategias inteligentes y pluralistas que contemplen nuevas subjetividades y nuevas ideas dependerán los resultados y nuestras posibilidades de éxito o fracaso!
Marta Novick
Profesora Consulta de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.