por Daniel Cieza
Uno de los temas menos visibilizados por las Ciencias Sociales es el financiamiento de las grandes campañas electorales. En momentos en que se eligen presidente, legisladores nacionales y gobernadores se disputa poder en serio. Las coaliciones que compiten ponen en juego muchos recursos, la mayoría de ellos no registrados oficialmente. En efecto, si bien hay una legislación sobre partidos políticos y financiamiento estatal de las campañas electorales, las grandes fuerzas políticas utilizan otros canales para el desarrollo territorial de la actividad político-electoral.
Una campaña electoral demanda gran cantidad de dinero en efectivo. Más allá de los espacios publicitarios oficiales, es necesario movilizar miles de activistas en las acciones proselitistas, tales como actos públicos, conferencias de prensa, caravanas, pintadas, fiscalización etcétera.
Las campañas electorales en la Argentina bipartidista
Luego del fin de la última dictadura cívico-militar y con el retorno del Estado de derecho se desenvuelve durante dos décadas un esquema bipartidista, donde compiten dos grandes coaliciones que tienen como eje al Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical. En este marco se desarrolla un mecanismo informal de financiamiento de la política electoral acordado por las grandes fuerzas. La forma de financiamiento de las campañas eran los gastos reservados de algunos organismos públicos como el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales. Asimismo se utilizan fondos de las gobernaciones y de los grandes municipios. Este mecanismo fue muy cuestionado por los grupos conservadores con el argumento neoliberal de que la política electoral tenía un costo muy elevado.
El financiamiento en las últimas dos décadas
En las últimas dos décadas, y luego del fracaso del gobierno de De la Rúa se rompe el esquema bipartidista y asistimos a un avance sostenido de la coalición peronista, cuyo eje central pasa a ser el kirchnerismo, al retroceso de la UCR y a la emergencia de una fuerza conservadora, el PRO. En este nuevo contexto se modifican las fuentes de financiamiento político-electoral, pero siguen siendo poco visibles.
La coalición peronista encuentra en los sindicatos aportes seguros. El peculiar sistema de Obras Sociales de nuestro país permite disponer de recursos y los estatutos de nuestros gremios autorizan la colaboración con fuerzas políticas. Por otra parte, las Cámaras Empresarias también apuestan a los principales contendientes electorales.
Menos conocidos son los aportes que recibe la coalición macrista. En las elecciones de la Capital Federal y en los comicios de 2015 y 2017, se supone que el macrismo recibe importantes aportes del gran empresariado.
En particular, parecería que las Cámaras patronales de algunos sectores como la construcción y la energía realizan aportes ocultos.
Otro mecanismo habitual sería la utilización de los gastos reservados de la ex SIDE. Si bien el gobierno kirchnerista elimina los gastos reservados de la nueva Agencia, la AFI, el gobierno de Mauricio Macri los reestablece.
Finalmente está el aporte directo de las empresas. La ley vigente permite su aporte bancarizado. La información de la Cámara Nacional Electoral permite ver que hay algunos grupos como Pérez Companc o Bemberg que aportan a las fuerzas conservadoras.
El papel de la economía subterránea
Las campañas político-electorales cuestan mucho dinero y se estima que en un 90% son financiadas “en negro”. La economía real tiene tres componentes interrelacionados: la economía legal o formalizada, la economía informal y la economía ilícita. Los dos últimos componentes suelen denominarse economía subterránea o sumergida.
Nuestra hipótesis es que de la economía subterránea surge buena parte del financiamiento de las campañas electorales.
Respecto a la economía informal, un buen punto de referencia es la Feria La Salada, ubicada en el partido de Lomas de Zamora y considerada una de las mayores de América Latina.
Por otra parte, consideramos que una proporción creciente del dinero que se utiliza en las campañas electorales proviene de la economía ilícita, o dicho de otra forma del crimen organizado.
El investigador de FLACSO-CONICET Alejandro Isla, recientemente fallecido, brinda una buena síntesis del concepto de crimen organizado: “Lo concebiré encarnado por grupos en red, más o menos estables en el tiempo, que manejan tráficos legales que por lo general son coberturas de tráficos ilegales, y por tanto clandestinas, de mercaderías prohibidas pero altamente demandadas en el capitalismo globalizado contemporáneo. Estos agrupamientos mantienen continuidades en el tiempo a partir de lealtades recíprocas basadas en ‘pactos de sangre’ y/o negocios compartidos. Son parte además de segmentos del Estado y del sistema político o sistema de gobierno, y altamente funcionales a las mismas facciones. Por lo general, varias de las cabezas de esas redes ocupan, directamente o mediante testaferros, cargos públicos” (Isla, 2014)1.
Enseña Manuel Castells que hay algunos temas en que el saber académico no ha avanzado y es necesario recurrir a periodistas de investigación, a riesgo de ser tachados de “conspirativos” o “sensacionalistas”. Uno de estos temas es el financiamiento real de la política.
Si bien no hay organizaciones emblemáticas de este tipo en nuestro país, una mirada más detallada indica que hay una fuerte presencia de una de las mafias clásicas de Italia2.
Por ahora, un caso judicializado es el del Intendente de Paraná, Entre Ríos, Sergio Varisco, acusado de vínculos con el narco. Otro ejemplo es el caso Martins. El exagente de la SIDE, Raúl Martins abrió una red de prostíbulos en Buenos Aires y Cancún, y según su propia hija aportó al financiamiento del PRO.
Otro caso relevante es la llamada “Causa de los cuadernos”. En dicha causa, evidentemente sesgada y que debería ser considerada nula, aparecen algunos datos que podrían profundizarse en el marco de investigaciones más serias y con las garantías procesales correspondientes. Un grupo de empresarios favorecidos por licitaciones manifiestan que hicieron aportes para las lides electorales.
Aportes apócrifos
Por último está el caso de los aportantes apócrifos en las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017. Fueron utilizados los nombres de cientos de personas para justificar aportes a la campaña electoral. Este delito está siendo investigado por la justicia federal con competencia electoral bajo un enfoque de violaciones al Código Nacional Electoral.
En rigor, tanto en los aportes apócrifos como en las gruesas sumas de dinero en efectivo no declaradas aparecen no solamente faltas electorales, sino delitos como el lavado de dinero.
Se evidencia que las élites económicas recurren a formas delictivas para apoyar a sus representantes. El problema es que los delitos de los poderosos raramente se investigan hasta las últimas consecuencias.
Notas
1 Isla, A. (2014). “Noticias sobre el crimen organizado y el Estado en la Argentina”. En Míguez, D. et al., Estado y crimen organizado en América latina. Buenos Aires: Araucaria.
2 Sobre la mafia calabresa o ‘Ndrangheta, se han publicado recientes trabajos de investigadores académicos. Este caso es especial por la sencilla razón de que según especialistas como Beinstein y Carbone, una de sus estructuras fundamentales, el grupo Siderno, tiene dirigentes sospechados de lazos de parentesco con la familia Macri de la Argentina.
Daniel Cieza
Doctor por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor titular de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Dicta cursos de posgrado en distintas Universidades nacionales y dirige proyectos de investigación sobre temas de responsabilidad empresaria en delitos de lesa humanidad.