La erradicación de la pobreza y la lucha por una mayor igualdad son ingredientes clave en la construcción de sociedades democráticas, justas y prósperas. Por lo mismo, tales metas se han constituido en objetivos compartidos por los países firmantes de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. En este marco, se han establecido metas precisas que deben alcanzar los gobiernos a fin de promover la superación de la pobreza extrema y una disminución de la misma en todas sus formas, todo ello en vistas a un desarrollo más integral y sustentable.
Durante los últimos años, la discusión en la Argentina sobre las mediciones de la pobreza ha tenido lugar como si los interlocutores estuviesen de acuerdo con el significado del término. De ahí que el debate se haya banalizado restringiéndolo a la discusión de los métodos y de las cifras que arrojan su medición. El paroxismo de este fenómeno tuvo lugar unos pocos años atrás con la negación oficial del fenómeno. Pero más allá de que actualmente se disponga de cifras oficiales de pobreza, existe una cuestión mucho más importante que todavía no está resuelta. La valoración social del problema y el modo teórico de conceptualizarlo imponen las reglas de su medición, así como el tipo de políticas necesarias para a su resolución.
El actual gobierno ha puesto en la agenda la meta de “pobreza cero”. Pero más allá de que la frase pueda constituir un eslogan político, destaca la falta de un acuerdo teórico normativo, es decir, político sobre su definición.
El desafío reviste especial interés por el modo en que la problemática de la pobreza afecta la vida de millones de personas que la padecen y a los millones que la habrán de heredar. En este marco, el actual gobierno ha puesto en la agenda la meta de “pobreza cero”. Pero más allá de que la frase pueda constituir un eslogan político, destaca la falta de un acuerdo teórico normativo, es decir, político sobre su definición. Desde una perspectiva empirista es posible asumir que la pobreza es aquello que mide los indicadores utilizados para su identificación. Sin embargo, el problema de cualquier medición es más complejo. El significado de un concepto está dado por las unidades a las que se refiere el enunciado y por el sentido teórico que dicho concepto arrastra.
Desde esta perspectiva, similares proposiciones formales, en este caso referidas a la pobreza, pueden tener significados distintos en el marco de diferentes teorizaciones. Esto mismo ocurre con los criterios que orientan la selección de los indicadores para la identificación del fenómeno y del método de agregación. Pero un efecto aún más importante está dado por el hecho de que los significados que definen un determinado problema social configuran los criterios que orientan su solución. Es evidente que establecer el nivel en que pueda ser erradicada la pobreza dependerá del enfoque teórico-epistémico que esté detrás de su medición.
Distintos conceptos llevan a aproximaciones metodológicas diferentes, con resultados distintos en materia de incidencia y descripción del fenómeno; todo lo cual conduce a distintas interpretaciones acerca de las maneras en que se podría avanzar para su erradicación. Algunos entienden a la pobreza como insatisfacción de necesidades económicas básicas como, por ejemplo, la falta de un ingreso mínimo; mientras que para otros la pobreza se define como la imposibilidad de acceder a un estándar de vida normativamente establecido dado el grado de desarrollo de una sociedad. ¿A cuál de estas “pobrezas” se hace referencia cuando se convoca oficialmente a erradicar la pobreza?
El primer desafío de una política legítima que apunte efectivamente a “erradicar la pobreza” en la Argentina es poner en valor los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad, y a partir de ahí, conformar una coalición política que ponga en la agenda la necesidad de una mayor justicia fiscal
En los últimos años, el estudio de la pobreza desde una perspectiva multidimensional ha ganado presencia en los debates tanto académicos como políticos. Bajo esta perspectiva, la medición del fenómeno por índices unidimensionales, los cuales remiten –en general– a variables monetarias, resultaría insuficiente para lograr un diagnóstico acabado de las privaciones que violentan derechos sociales. Siguiendo esta perspectiva, existen en la actualidad un amplio abanico de dimensiones del desarrollo económico, social y ambiental que deberían ser considerados para la evaluación de la pobreza.
En la práctica, poner en juego políticas orientadas a superar estas privaciones significaría elevar el bienestar social, promover el consumo, reducir la desigualdad y generar más y mejores empleos para todos, erradicar la precariedad laboral, garantizar la seguridad alimentaria, la salud y la educación, promover el desarrollo humano de las nuevas generaciones, es decir, hacer posible una ciudadanía plena para todos los habitantes. En este sentido, no es inocuo –desde el punto de vista político el modo en que se define la pobreza ni los modos bajo los que se procede a su evaluación. Entender las causas por lo cual este ideario está lejos de realizarse, y actuar en consecuencia, no es justamente un dilema metodológico. Es claro que negar el enunciado, tanto como trivializarlo, constituye el modo que tienen algunos ricos y gobernantes de este país para asegurarse inimputabilidad a través de relatos oscurantistas de la realidad.
En este marco, el primer desafío de una política legítima que apunte efectivamente a “erradicar la pobreza” en la Argentina es poner en valor los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad, y a partir de ahí, conformar una coalición política que ponga en la agenda la necesidad de una mayor justicia fiscal, ampliando la capacidad de recaudación del Estado sobre las ganancias, rentas y consumos de los ricos, transfiera a los pobres un ingreso ciudadano de bienestar, y garantice mejores bienes y servicios públicos para todos la población.