Protestas, cambios y transiciones: los desafíos a la democracia en América Latina en un año electoral clave

Los últimos años reflejan en América Latina un escenario de fuertes movilizaciones que se dieron en países como Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, entre otros. Estas movilizaciones y puntos de conflicto diversos de notable intensidad representan tanto problemáticas particulares a nivel nacional como también déficits estructurales históricos de la región y a los cuales se han sumado los efectos que provienen del orden mundial tales como la guerra comercial y los efectos sanitarios y económicos de la pandemia.  

En el informe lanzado por Latinobarómetro1 el año pasado se destaca sobre la premisa “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, que la misma consolida una baja de 16% desde 2013 a la actualidad. Asimismo, el apoyo a la democracia en la región ha caído desde el año 2010, llegando hasta un mínimo de 48% en 2018 y lo mismo que ha sucedido con los ciudadanos que se declaran indiferentes al tipo de régimen (27%). El saldo positivo es que el aval al autoritarismo registra apoyos mínimos.  

Por supuesto que en este contexto de números generales, existen casos particulares. Por ejemplo Argentina, Costa Rica y Uruguay son tres países donde existe menos de un 20% de apoyo a la consigna “nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”, mientras el mayor apoyo a esta afirmación está en Honduras, Panamá, Ecuador y Brasil. Justamente en este último país, la mayor democracia de la región, es donde la caída del apoyo a la democracia se ha visto más acentuada pasando de un 55% en 2010 a un 40% en 2020, precisamente en correspondencia con el deterioro institucional ocurrido con la destitución de Dilma Rousseff. 

Además, según el informe referido, a medida que aumenta la edad, aumenta también el apoyo a la democracia. Asimismo, contrariamente, la indiferencia al tipo de gobierno
aumenta a medida que disminuye la edad, al igual que con aquellos ciudadanos que prefieren un gobierno autoritario. Estas diferencias también se pueden destacar en torno a la clase social autodefinida, donde el apoyo a la democracia se torna menos sólido a medida que la clase social se define como alta. Según las preguntas que se mencionan realizadas en el informe los menores apoyos a la democracia y la mayor indiferencia al tipo de régimen y el mayor apoyo al autoritarismo se encuentran en aquellos ciudadanos que se perciben como parte de la clase alta.  

Por otro lado, la premisa “no apoyaría en ninguna circunstancia un gobierno militar” goza de un respaldo creciente que pasa de un 56% en 2004 a un 62% en 2020. Sin embargo, en países como Paraguay, Perú y Honduras hay más porcentaje de ciudadanos que se manifiestan a favor de la premisa “apoyaría un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático si las cosas se ponen muy difíciles”. En tanto los ciudadanos en acuerdo sobre el enunciado “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas” aumentan del 44% en 2002 al 51% en 2020. 

Esto último, como bien destaca el informe, nos permite indagar no sobre el tipo de régimen sino sobre la satisfacción con el mismo. Justamente los escenarios de movilizaciones masivas en la región experimentados de forma creciente en la última década y parcialmente interrumpidos por la pandemia se traducen en una insatisfacción creciente con la democracia desde 2013. La premisa “se gobierna para los intereses de unos pocos” gozó de una aceptación del 73% de los ciudadanos consultados en 2020. De forma complementaria, la percepción de los latinoamericanos sobre la distribución de la riqueza no refleja ninguna mejoría. 

El descontento con los gobiernos y la caída de la imagen de los gobernantes, se combina con la falta de confianza en algunas instituciones como es el caso de los partidos políticos.

El informe destaca que, sobre los consultados, cada vez más ciudadanos se sienten ajenos a un partido político y ha aumentado el porcentaje de encuestados que al momento de emitir su voto no lo hace dirigiéndolo de forma concreta a un partido político.

Ahora bien, la relevancia de las menciones al informe de los párrafos anteriores radica en que nos permite plantear múltiples y variados interrogantes cualitativos sobre la situación de la democracia en la región y sus desafíos. Por un lado, es claro que las situaciones de crisis político-institucionales fueron agravadas por la situación sanitaria y las dificultades de su gestión y el impacto que ello tuvo en economías regionales que ya venían con bajo crecimiento y concentración de la riqueza. 

Recordemos que según la CEPAL el periodo de 2014 a 2020 se consolidó como el de más bajo crecimiento económico en 4 décadas2. América Latina reforzó negativamente una trayectoria de bajo crecimiento económico y conjuntamente de endeudamiento en relación a su PBI3. Además de los efectos económicos del plano internacional, la irrupción de la pandemia exacerbó problemas estructurales4: el crecimiento de la pobreza con un aumento de 22 millones de personas, el desempleo en un marco de altos niveles de informalidad, un aumento de la desigualdad medida por el índice de Gini, los menores niveles de inversión en tres décadas y una marcada evasión fiscal.

Ni siquiera los países con mayor estabilidad macroeconómica estuvieron exentos de los efectos de las protestas y la crisis sanitaria y económica y su efecto en los partidos de gobierno. Perú, por ejemplo, con un sistema de partidos históricamente débil y personalista, ha celebrado elecciones en abril del año pasado reflejando un alto nivel de fragmentación con 18 candidatos a presidente y en la cual diversos partidos tradicionales como el APRA no han podido acceder al parlamento.

En el caso de Chile, el país postulado por los grupos económicos liberales como el modelo a seguir de la región, parece estar cerrando una transición de 30 años desde 1989, cuando se retornó a la democracia con la continuidad de un modelo de mercado pinochetista con fuertes enclaves autoritarios. Se dejó atrás el oasis en medio de una región convulsionada como lo definió el ex presidente Sebastian Piñera en octubre de 20195, para avanzar –multitudinarias movilizaciones de por medio– al plebiscito de 2020 donde se aprobó por más de 80% la reforma constitucional. Las elecciones de 2021 con la llegada del Partido Comunista a la presidencia con Gabriel Boric se dio en el marco de una clara pérdida de peso electoral de algunos partidos más tradicionales como la Democracia Cristiana o Renovación Nacional, justamente dos partidos representativos de las coaliciones dominantes de las décadas anteriores desde el retorno a la democracia.  

Un escenario similar se ha observado en Colombia, un país donde los partidos tradicionales fueron los dueños de la política durante 200 años pero que han quedado en segundo plano en la elección de este último domingo. La década de 1990 con la reforma constitucional había dado comienzo a un proceso de debilitamiento y mayor fragmentación del sistema bipartidista que se fue moviendo hacia una dinámica protagonizada por coaliciones diversas. En ese marco, el surgimiento de la coalición Pacto Histórico encabezada por Gustavo Petro es un indicador del crecimiento de los sectores políticos de izquierda en los últimos años frente al agotamiento del uribismo y las demás variantes tradicionales conservadoras. Aunque no sin que ese mismo agotamiento sea también canalizado por otra variante de descontento, con una ideología diferente y que no había tenido hasta ese momento una proyección nacional, la de Rodolfo Hernández. Lo acontecido este último fin de semana representa sin dudas un evento trascendental de la historia política colombiana, aunque deberá representar también un cambio real en políticas concretas en el marco de un equilibrio de fuerzas muy complejo para erigirse como un cambio de era.

Por otro lado, continuando con las reflexiones cualitativas, la insatisfacción con la democracia ha crecido en la región y el apoyo a un gobierno militar o uno autoritario han disminuido. Pero según el informe de Latinobarómetro, en circunstancias difíciles o si solucionara los problemas, hay un porcentaje considerable de ciudadanos que avala las salidas no democráticas. Aquí cabe interrogarnos sobre dos cuestiones: la primera de ellas es el rol de las FF.AA. que aparecen según el informe como la institución del Estado con la mayor confianza. Recordemos que en el contexto de movilizaciones pre covid los militares tuvieron un rol destacado en las crisis políticas. Los ex presidentes Sebastián Piñera, Iván Duque, Lenín Moreno y Martín Vizcarra o incluso la ex presidenta de facto Jeanine Áñez pusieron a los militares como tutores del orden público o como un actor desequilibrante ante un conflicto particular sea la tensión ejecutivo-legislativo como fue en Perú o la represión de las movilizaciones sociales y estudiantiles como fue en el caso de los otros países andinos. 

No obstante, según el informe la confianza en esta institución no se traduce de forma lógica en un apoyo a su liderazgo en forma de gobierno. Aun así es posible destacar su creciente reposicionamiento, teniendo a Brasil como caso más destacado, en donde se han ubicado de forma tajante frente al proceso judicial del Lava Jato y han ocupado la vicepresidencia y altos cargos del Estado. ¿Cuál será su posición ante un eventual triunfo electoral de Lula da Silva en las elecciones de octubre del presente año en Brasil?

Ahora bien, la segunda cuestión a interrogarnos es que, si bien el apoyo al autoritarismo alcanza uno de sus niveles más bajos, paralelamente han crecido en la región las opciones conservadores y de extrema derecha. El informe destaca que los jóvenes parecen ser los menos adeptos a la democracia. En el caso de estos, ¿es posible que pudiesen ser más permeables a aceptar determinadas vulneraciones a la democracia en un contexto determinado? ¿Cuál es la percepción del autoritarismo que contienen las nuevas generaciones? ¿Qué rol juegan en esto el uso de nuevas tecnologías en presidentes “social media” como Nayib Bukele? ¿Son los jóvenes más permeables a los discursos antiderechos? ¿O su indiferencia es consecuencia de una agenda de promesas incumplidas y demandas insatisfechas? Es posible que las respuestas a estos interrogantes varíen en cada situación nacional. La legalización del aborto en Argentina o las movilizaciones que desembocaron en el plebiscito para la asamblea constituyente en Chile representan casos de juventudes organizadas por la búsqueda de derechos y la ampliación de la democracia económica y social. 

Lo cierto es que las nuevas generaciones enfrentan en América Latina una situación de precariedad laboral y desigualdad social propia del capitalismo latinoamericano que es en parte resultado del ejercicio de poder de las elites y de la construcción de un Estado que responde a los intereses de estas últimas.

Es justamente este descontento con el ejercicio de poder de las elites el que ha permitido, entre otros factores, el tangible crecimiento electoral de grupos políticos radicalizados (incluso con ex militares) con una agenda antidemocrática de negación de derechos y se ha dado, en varios casos, en el marco de un mayor desprestigio de los partidos políticos como actores capaces de canalizar las demandas de la sociedad y una debilidad del centro político en su dinámica de captación de votos.

Además del punto máximo que se ha dado con la llegada de Jair Bolsonaro al Palacio de Planalto, existen otros casos destacables: Cabildo Abierto (Uruguay) liderado por el senador y ex militar Guido Manini Ríos, socio del gobierno de Lacalle Pou; el Partido Nueva República (Costa Rica) de Fabricio Alvarado; Jorge Kast que llegó al ballotage con el Partido Republicano (Chile) así como Keiko Fujimori con Fuerza Popular (Perú) o el caso más reciente de Rodolfo Hernández con la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Estas opciones en general, en cuanto a formaciones partidarias están representadas como estructuras débiles orientadas alrededor de un liderazgo personalista con un discurso reaccionario, que representa un camino creciente de las fuerzas conservadoras en la región. 

Conclusiones 

La situación política de América Latina aún no vislumbra un camino claro. Este contexto nos permite reconocer –lejos de las caracterizaciones menos complejas de ciclos ideológicos– una región heterogénea inmersa en un escenario de avances y retrocesos, giros y vueltas y largas y abiertas transiciones en un entramado de tensiones en torno a los distintos proyectos políticos y su desarrollo en cada situación nacional. 

Las movilizaciones de los años precedentes reivindican una democracia que han puesto en la calle. Pero a la vez también cuestionan y disputan los sentidos de la misma vislumbrando un interesante proceso de interés en la resignificación de la democracia. ¿Es esto posible? ¿Quiénes desafían a la democracia? ¿Para qué? ¿Y para quienes la desafían? Las juventudes –en sus múltiples y diversas formas de organización y accionar– encabezan la crítica por la ampliación de la democracia y discuten y disputan la resignificación de la misma. 

No obstante, a la par de la llegada al gobierno en distintos países como Chile o Colombia de sectores de centroizquierda o izquierda en coaliciones más amplias que reflejan voluntades de cambio, el complejo clima social también ha facilitado el crecimiento tangible de nuevas figuras partidarias de la derecha o extrema derecha o el resurgimiento en formas partidarias de sectores conservadores, grupos económicos y facciones religiosas. Todos estos últimos actores también interpelan la institucionalidad democrática pero mediante una agenda antiderechos o incluso con la disputa por la formación de una nueva hegemonía del sentido común. Esto vuelca una fuerte demanda sobre la institucionalidad regional para dar respuesta a las problemáticas socioeconómicas imperantes en una región segmentada y desigual. 

A su vez, esta situación ha reflejado en los últimos años a nivel regional un escenario de conflictividad y polarización política que ha dejado sin encauce problemáticas como la situación democrática en Venezuela, el proceso de paz en Colombia con récord de asesinatos de líderes sociales, o el golpe de Estado en Bolivia, entre otras cuestiones importantes. 

En el marco de un año electoral de notable relevancia donde aún queda por celebrarse una elección presidencial clave en el mes de octubre en Brasil, el futuro cercano no se proyecta de forma auspiciosa para la situación democrática regional. Las amenazas y los desafíos son múltiples y deben ser abordados frente a una nueva etapa de incertidumbre que presenta una región más inestable, desigual y conflictiva y que parece alejada de los consensos amplios.

Notas

1 Corporación Latinobarometro. Informe Latinobarómetro 2021. “Adiós a MACONDO”. Disponible en: file:///C:/Users/LangTecnologia/Downloads/F00011665-Latinobarometro_Informe_2021.pdf 

2 CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/125/S1901097_es.pdf

3 CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/1/S2000990_es.pdf

4 CEPAL. Panorama social de América Latina. 2020. Disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta

5 La Tercera. Piñera asegura que «en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable». Disponible en: https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/ 

Tomás Bontempo

Analista internacional, Magister en Integración Latinoamericana y Director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL). Es docente de Sistemas Políticos Latinoamericanos Comparados en las Licenciaturas de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la USAL.