Analicemos la situación. Una región del país habitada mayoritariamente por población de otra lengua y cultura estaban disconformes con el gobierno central. Luego de que estallaran protestas masivas se debatía la posibilidad de la declaración unilateral de la independencia o la incorporación al Estado vecino. Se sucedieron asesinatos de ambas partes y la migración de miles de personas. Frente a la creciente reacción de las tropas del gobierno central se produjo la intervención masiva de tropas extranjeras para garantizar la independencia.
No estamos describiendo la situación actual en el este de Ucrania. Estamos describiendo lo ocurrido en Kosovo en 1999 cuando la OTAN y tropas de Albania atacaron Yugoslavia para proteger a los albaneses de Kosovo. Estos declararon finalmente la independencia en 2008, independencia que no fue reconocida por numerosos países, entre ellos la Argentina.
Analicemos ahora la situación en Ucrania. Luego de la independencia en 1991 se creó un Estado unitario, siendo que en amplias regiones del país la mayoría de la población se identificaba culturalmente como rusos. En este contexto Crimea ya se había declarado meses antes república autónoma e incluso inició contactos para su incorporación a Rusia. El parlamento ruso declaró a Sebastopol una ciudad federal de Rusia, aunque en 1997 fue transferida al gobierno de Ucrania con la condición de poder mantener la base naval bajo su control durante un tiempo.
Los diferentes gobiernos ucranianos enfrentaron así, con altibajos, un conflicto permanente de base regional. Amplias zonas del este y del sur del país eran de habla y cultura rusas mientras que las regiones orientales y sudorientales, de habla y cultura casi exclusivamente ucranianas.
Y esta división étnico-territorial solía reproducirse a la hora de elegir autoridades nacionales: los electos en las zonas ucranioparlantes apoyaron una mayor centralización y los electos en la rusoparlante fueron partidarios de fórmulas de mayor autonomía provincial o incluso directamente del federalismo.
Se adoptaron diferentes medidas para tratar de ir diluyendo esa división. Así la Constitución de 1996 expresaba los intentos para tratar de constituir un Estado nacional homogéneo: se reconocía al ucraniano como única lengua oficial, se prohibía la doble nacionalidad, se exigía hablar fluidamente en ucraniano para poder ocupar la presidencia, entre otras disposiciones.
A partir de que disminuyó la tensión con Rusia en 2001 se avanzó con otras medidas para profundizar la homogeneización: se prohibió cualquier forma de ciudadanía local y se exigió el uso del ucraniano también en la administración local (incluso donde la población fuera rusoparlante).
La oposición a la creciente centralización se expresó en el surgimiento del llamado Partido de las Regiones, cuyo programa proponía la cooficialidad del ruso, el federalismo y un mayor acercamiento a Rusia como aspectos centrales. El triunfo del candidato de este partido en 2004 dio lugar al inicio de la llamada Revolución Naranja, bajo el argumento de que se había cometido fraude. En las nuevas elecciones resultó vencedor Yúschenko, líder del partido Nuestra Ucrania, quien apoyaba la integración con Occidente y la total ucranianización. No obstante, junto con el llamado a nuevas elecciones se había introducido una reforma constitucional para garantizar la autonomía regional.
Sin embargo, aunque el cargo presidencial respondía a una coalición de partidos de derecha, en cada elección legislativa el Partido de las Regiones resultaba ganador por amplio margen. En ese contexto de debilidad política es que el gobierno de Yúschenko buscó reescribir la historia nacional para consolidar sus apoyos por derecha y en la zona ucranioparlante. Se tendió a asimilar a lo soviético con lo ruso; por lo tanto, todos los que se hubieran opuesto a los soviéticos pasaron a ser reivindicados por las autoridades nacionales. Así, destacados líderes nacionalistas de la Segunda Guerra Mundial, colaboradores con el nazismo, fueron proclamados héroes nacionales por “haber combatido por la libertad”. Este intento de quebrar la lealtad política de los rusoparlantes hacia un partido que expresara sus intereses no logró ser eficaz: en las elecciones de 2010 resultó electo como presidente Víktor Yanukóvich del Partido de las Regiones.
No obstante, el gobierno de Yanukóvich tuvo una política ambigua: buscó un acercamiento a la Unión Europea, pero tratando de mantener cierta proximidad con Rusia: se reconoció al ruso como lengua cooficial en algunas regiones y al mismo tiempo se iniciaron negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio con la Unión Europea. Este último fue condicionado por los gobiernos occidentales a la liberación de Yulia Timoshenko, exprimer ministro, condenada por actos de corrupción.
El rechazo del gobierno a firmar el acuerdo con la UE a fines de 2013 desencadenó la movilización de los sectores prooccidentales y miembros de la extrema derecha. Los enfrentamientos durante el llamado Euromaidán terminaron con la renuncia del gobierno de Yanukóvich a principios de 2014. En ese momento, en numerosas ciudades del sur y del este del país estallaron protestas en contra del nuevo gobierno prooccidental, al que consideraban producto de un golpe de Estado. Aunque fueron sofocados en la mayoría de las ciudades y regiones, no ocurrió lo mismo en Crimea, Donetsk y Lugansk.
En el caso de Crimea las autoridades locales llamaron a un referéndum donde la amplia mayoría de los ciudadanos votó la incorporación del territorio a Rusia1.
Mientras que Crimea fue incorporada formalmente a Rusia (recordemos que allí estaba una de las principales bases navales del país), no ocurrió lo mismo con los territorios de Donetsk y Lugansk. Aunque proclamaron su independencia, la misma no fue reconocida a nivel internacional, ni siquiera por Rusia.
Los intensos combates que estallaron en estas dos últimas provincias entre las fuerzas ucranianas y las milicias prorrusas llevaron a la búsqueda de una solución negociada que se plasmó en septiembre de 2014 en el llamado Protocolo de Minsk (o Minsk I), firmado por los representantes de Ucrania, Rusia y los gobiernos separatistas. Entre sus puntos principales figuraba la realización de elecciones locales según la ley ucraniana para elegir autoridades reconocidas por Kiev, la autonomía regional y el cese del fuego monitoreado por la OSCE. Este acuerdo no puso fin al conflicto. Por el contrario, los mismos recrudecieron a fines de ese año, por lo que en 2015 se negoció el llamado Acuerdo Minsk II, con la participación de los gobernantes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia (el llamado Cuarteto de Normandía). En el mismo se establecía que habría una reforma constitucional en Ucrania para garantizar el autogobierno regional y la retirada de la artillería pesada del frente, entre otras.
Sin embargo, los acuerdos de Minsk II nunca se aplicaron en su totalidad y los enfrentamientos a pequeña escala continuaron diariamente.
El gobierno de Zelenski asumió en 2019 con el 73% de los votos, con la promesa de proteger el uso de la lengua rusa y buscar una solución para los territorios separatistas, además de acabar con la corrupción. Pero la popularidad de Zelenski se desmoronó a poco de asumir: los Pandora Papers demostraban que era poseedor de una fortuna de decenas de millones de dólares en el exterior, como así también otros miembros de su entorno. Frente a la pérdida de legitimidad, endurecer la postura con los separatistas podría aumentar su respaldo interno.
A principios de 2021 el ejército ucraniano movilizó tropas hacia la zona de las repúblicas secesionistas, lo cual fue denunciado por Moscú como un preludio de una invasión a gran escala. Como respuesta, el gobierno ruso movilizó decenas de miles de tropas hacia la frontera ucraniana.
Aunque el ataque ucraniano no se produjo, las tropas rusas no solo se mantuvieron sino que se fueron incrementando a lo largo de los meses. En ese contexto surgió el intercambio de propuestas y contrapropuestas entre el gobierno de Rusia y los Estados Unidos, y simultáneamente con los representantes de la OTAN y de Estados europeos.
La petición de Ucrania de ingresar en la OTAN aparentemente es el foco central de la intransigencia de Putin con respecto a Kiev.
La exigencia de que no sea aceptada como miembro (al igual que Georgia) fue rechazada tanto por Kiev como por la OTAN. Sin embargo, este reclamo que Putin iba a presentar como una victoria tenía un resultado previsible: la OTAN no admite como miembro a ningún Estado que tenga conflictos limítrofes. El argumento ruso es que el armamento nuclear desplegado en Ucrania estaría a minutos de Moscú y no podría ser interceptado, con lo cual podrían atacar sin temor a represalias.
Por lo tanto, si la exigencia hacia la membresía de Ucrania en la OTAN es un absurdo, ¿qué es lo que se plantea desde el gobierno ruso? Estonia está a las puertas de San Petersburgo y también podría ser una base para atacar Moscú. En consecuencia, la exigencia sería el compromiso de la OTAN de no desplegar armamento ofensivo en ninguno de los Estados miembros próximos a Rusia.
El endurecimiento con Ucrania es en realidad un mensaje para los otros Estados vecinos, especialmente los bálticos.
Tengamos en cuenta que Estonia tiene un 24% de población étnicamente rusa y en Letonia un 27%. Según las leyes de los Estados bálticos toda persona que se instaló en esos países durante la Unión Soviética y no son descendientes de nativos, carecen de ciudadanía. Con lo cual, podría ocurrir que estallaran o se fomentaran movimientos secesionistas en países ya miembros de la OTAN si estos aceptan desplegar armamento estratégico. Putin ha planteado la existencia de “líneas rojas” que la OTAN debe respetar, dado que comprometen su seguridad. Desde el Kremlin se recuerdan las promesas de 1990 y 1991 de no extender la alianza occidental sobre los territorios del bloque soviético.
Producida la invasión rusa, desde Occidente se ha declarado una serie de sanciones, algunas contra personas pero la mayoría contra empresas. La primera de las decisiones fue la suspensión de la habilitación del gasoducto Nord Stream 2, que duplicaría el suministro de gas para Alemania. Esta medida, en la práctica, ya estaba en vigencia porque el gasoducto, terminado desde septiembre, no fue autorizado para entrar en servicio. Con esto se busca perjudicar la entrada de divisas a Rusia. Sin embargo, es un arma de múltiples filos. Por un lado, aumentará el costo de la energía eléctrica en Alemania, que deberá importar gas de Estados Unidos u otros proveedores, con lo cual se encarecería la producción industrial alemana y sería menos competitiva.
Si las sanciones se aplicaran a todo el petróleo, gas y carbón que importa Europa, el problema sería aun más grave para la mayoría de los Estados occidentales.
Al mismo tiempo, se aprobó una serie de prohibiciones para exportar artículos de alta tecnología hacia Rusia. Esta medida ya se aplicó de manera progresiva entre 2014 y 2018, con lo cual no habría un cambio muy significativo para la economía rusa.
Por el contrario, Rusia amenazó con la adopción de contramedidas para afectar a Occidente. Pensemos que si las tropas rusas toman todas las costas ucranianas del Mar Negro cerrarían las exportaciones de ese país y más del 30% del trigo consumido en occidente viene de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia es uno de los mayores productores mundiales de paladio y platino, fundamentales para la industria electrónica moderna. Cerrar su exportación a Estados hostiles (o a sus empresas en cualquier parte del mundo) provocaría un impacto impredecible.
La peor de las sanciones previstas es excluir a Rusia del sistema SWIFT que realiza compensaciones entre bancos. Esto impediría a cualquier ciudadano o empresa de Rusia realizar transacciones en dólares. Sin embargo, podría ser un tiro por la culata porque quedaría claro que el uso del dólar es políticamente peligroso y porque los propios acreedores europeos no podrían cobrar las deudas que tienen con empresas o con el Estado ruso.
No obstante todo lo anterior, del conflicto han resultado dos claros ganadores. Por un lado, los Estados Unidos. Luego de su derrota en Afganistán algunos gobiernos europeos (Alemania, Francia) plantearon la necesidad de crear unas fuerzas armadas europeas fuera de la OTAN. El peligro ruso ha dejado en suspenso todos estos proyectos, aunque también ha demostrado el escaso apoyo que puede brindar en cuestiones críticas, como está ocurriendo en Ucrania
El otro ganador indiscutible es China. Frente al aislamiento internacional, Rusia va a depender de los suministros y del sistema bancario chino para sortear el bloqueo occidental. Y esto puede ser muy peligroso en el mediano plazo para los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, concentrado en Europa, debiera enfrentar la invasión china de alguna de las islas que controla Taiwan?
Para concluir, la invasión de Ucrania puede tener resultados imprevistos. En primer lugar, podría generar un aumento en el precio de la energía y de algunas materias primas, lo cual llevaría a un aumento inflacionario a escala mundial. Una nueva estanflación que podría ser similar a la de la crisis del petróleo de 1973. Por otro lado, el aumento en el precio de algunas materias primas podría beneficiar a países como la Argentina, cuya balanza de pagos depende de ese rubro.
Sin embargo, todo depende de cuánto se prolongue el conflicto en Ucrania y de qué tanto estén dispuestos a mantener las sanciones las potencias occidentales.
Nota
1 La situación fue analizada en un artículo aparecido en Página/12. Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/241439-67163-2014-03-10.html.
Jorge Wozniak
Docente de Historia contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) e investigador en el Centro de Estudios sobre Genocidio (UNTREF).