Hace treinta años desde el activismo y la academia se elaboraron una serie de ideas para interpretar los casos de violencia policial que se empezaban a acumular en la posdictadura. Enumero algunas: a) hay casos de violencia extrema, y luego hay situaciones violentas de menor intensidad, poco visibles pero mucho más extendidas; b) entre ambas lógicas hay vasos comunicantes, y las situaciones de violencia extrema encuentran condiciones de posibilidad en lógicas institucionales, es decir, en formas de organizar y llevar adelante el trabajo policial; c) las fuerzas policiales cuentan con amplios márgenes de discrecionalidad para manejar la escena de un crimen, y cuando el crimen lo comete algún funcionario policial, hacen uso de esa discrecionalidad para montar una escena exculpatoria, generalmente relacionada con la “legítima defensa”; d) esa escena es parte de una versión policial de los hechos que se transmite a los medios de comunicación, al poder judicial y a la autoridad política, y que pocas veces, y bajo ciertas condiciones, puede ser desmontada; e) cuando el poder político no convalida la violencia policial, la presenta como casos puntuales, responsabilidades individuales que deben ser dirimidas en un proceso judicial. Es lo que se conoce con el nombre de “teoría de las manzanas podridas”.
Con estas ideas y algunas otras podemos armar una grilla para interpretar distintos casos graves que ocurrieron en los últimos días, meses o años. Hagamos el ejercicio de aplicar esa grilla a un hecho reciente: al asesinato de Lucas González en Barracas. Rápidamente podemos ver que, por detrás del desenlace brutal de la interceptación y persecución policial, hay problemas extendidos y arraigados en el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que en buena medida se vienen arrastrando desde la vieja Policía Federal. El uso de policías sin identificación, pertenecientes a “las brigadas”, para realizar tareas policiales en las calles es evidentemente uno de esos problemas. Habría que prestar atención también a los múltiples relatos que circulan en la zona sur de la ciudad sobre el verdadero rol de estas “brigadas” en la recaudación ilegal y la extorsión. Las lógicas diferenciadas de uso de la fuerza policial, según se trate o no de barrios estigmatizados como “peligrosos”, es otro problema extendido y subyacente.
Durante casi 48 horas, el caso fue procesado judicialmente y presentado en algunos medios como un tiroteo en el que resultó “abatido” un delincuente. Y eso porque la Policía de la Ciudad, con anuencia de la autoridad política, no solo produce una versión para el juez, sino también una versión para los medios a través de “partes de prensa” que van armando el relato.
Solo la insistencia de los familiares de Lucas y de los otros chicos injustamente detenidos, junto al respaldo de un club de fútbol, pudo abrir grietas primero y demoler después la versión policial. La conferencia de prensa brindada por autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad fue un ejemplo de manual del uso de la teoría de las manzanas podridas. Llama la atención que en los días subsiguientes incluso algunas intervenciones del abogado que representa a la familia de Lucas hayan ido en el mismo sentido: limitar las consecuencias del hecho al reproche penal a los tres policías sospechados.
Este ejercicio de lectura muestra que hay vulneraciones de derechos de diversa gravedad que persisten desde hace años y que involucran a las policías, los servicios penitenciarios, los funcionarios judiciales, y el Estado en general. Los casos extremos, es decir, las ejecuciones y las torturas, siguen sucediendo y las explicaciones generales de entonces son válidas aún hoy. Pero es en el terreno de las otras violencias, la sordas e invisibles, cotidianas, donde se ubican las mayores transformaciones de los últimos años. Allí se hacen evidentes problemas nuevos o que no habían sido delimitados con anterioridad. Problemas que también se conectan con las variaciones dentro de un mismo tema: el punitivismo como política de Estado casi ininterrumpida. Así vemos cómo la multiplicación de policías y fuerzas de seguridad rodeando los barrios populares, ejerciendo el “control territorial” (categoría que debería ser vergonzante pero que los funcionarios naturalizaron rápidamente y sin problemas), aumentó también las interacciones entre policías y habitantes de estos barrios, dando lugar a lógicas de hostigamiento antes esporádicas o focalizadas en los grandes operativos. También la hipócrita “guerra a las drogas” concentró cantidades de recursos del sistema penal y de seguridad en la persecución de consumidores y pequeños vendedores. La práctica del “empapelado”, antes circunscripta a las relaciones subterráneas entre policías, informantes y delincuentes más o menos profesionales, se generalizó como herramienta de extorsión policial y dio lugar a una nueva y productiva categoría política, en la senda del “gatillo fácil”: las “causas armadas”. Los problemas nuevos y los viejos ratifican que no puede haber discusión seria de la violencia policial sin una problematización de las políticas de seguridad que la habilita y de los discursos punitivistas que la incitan.
Y sin embargo, esa discusión parece hoy obturada.
El realismo punitivo es un consenso transversal al que algunos aportan efusivamente y otros consienten con su silencio.
Este consenso configura incluso la reacción estatal ante los casos extremos de violencia policial, porque ¿qué otra cosa es la teoría de las manzanas podridas, sino la reconducción de problemas profundos al lenguaje punitivista simplificador del castigo individual como única respuesta del Estado? Castigo inflexible, como les gusta decir a los funcionarios, pero puntual, que no problematiza las condiciones de posibilidad culturales, institucionales y situacionales de la violencia.
Ante esta obturación, quizás es momento de involucrar a las organizaciones del campo popular en una discusión profunda sobre las distintas violencias y las políticas públicas para reducirlas y prevenirlas. Configurar una nueva demanda, que coloque a las autoridades en posición de responder por su responsabilidad de intervenir sobre las violencias estatales y no estatales con ideas y medidas diferentes a las que se implementaron en los últimos 25 años. Porque ya quedó demostrado que más policías y más cárcel no son la solución.
Manuel Tufró
Lic. en Ciencias de la Comunicación y Dr. en Ciencias Sociales (UBA)