En 2019 el golpe de Estado al presidente Evo Morales fue sellado con la designación de Jeanine Áñez, la primera mujer de las derechas en ocupar de facto el máximo cargo del Poder Ejecutivo en un país latinoamericano. Este dato es la punta de iceberg de un fenómeno sobre el que todavía tenemos que indagar con más atención. En general, cuando se habla de la participación política de las mujeres se enfoca el problema desde una perspectiva de igualdad de género. ¿Qué sucede cuando las mujeres que participan de esa ampliación de derechos son mujeres de las derechas? ¿Qué sucede cuando su práctica es antidemocrática?. El siglo XXI, con las leyes de paridad y cupo, abrió paso a una mayor participación de las mujeres en cargos políticos. En general, se asocia este fenómeno al ejercicio del poder en el ámbito legislativo y en el nivel ministerial del Poder Ejecutivo. ¿Qué sucede cuando miramos los máximos cargos, de presidencia y vicepresidencia?
Coincidentemente con los procesos de democratización formal de los años noventa, hubo en América Latina varios países con mujeres en el cargo de presidenta: Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997), Rosalía Arteaga en Ecuador (1997, vicepresidenta de Abdala Bucaram y ocupante del cargo entre el 7 y el 11 de febrero, cuando éste fue derrocado), Mireya Elisa Moscoso Rodríguez en Panamá (1999-2004), Michelle Bachelet en Chile (en dos períodos no consecutivos, 2006-2010 y 2014-2018), Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (en dos períodos consecutivos 2007-2011 y 2011-2015), Laura Chinchilla en Costa Rica (2010-2014), Dilma Rousseff en Brasil (2011-2015, cuando fue destituida por un golpe de Estado) y por último la ya mencionada Jeanine Áñez Chávez (2019-) en el marco del golpe de Estado en Bolivia. En este conjunto, se ubican a la derecha del espectro político Chamorro, Moscoso, Chinchilla y Áñez, representando posiciones fuertemente influenciadas por las estructuras del poder hegemónico de Estados Unidos en el nivel internacional.
El número de mujeres en la esfera de la primera magistratura se incrementa cuando, además de considerar a las mujeres presidentas, consideramos a las mujeres que candidatas a esa posición. Desde los años noventa, los países que más candidaturas femeninas han tenido son Argentina, Guatemala y Brasil. Solo en Guatemala una candidata femenina de la derecha tuvo altas chances de ganar las elecciones: Sandra Torres, la segunda alternativa más votada en 2015 y 2019. Siguen en número de candidaturas femeninas a la presidencia Perú, Chile, Costa Rica y Colombia. Pero solo en Perú y en Chile las mujeres de las derechas llegaron a disputar la presidencia: en el primero, Keiko Fujimori en 2011, 2016 y 2021; y en Chile, Evelyn Matthei en 2013 cuando perdió las elecciones frente a Michelle Bachelet. También en Colombia hubo una candidata mujer que tuvo altas chances de aspirar al máximo puesto del Poder Ejecutivo: Marta Lucía Ramírez. Pero perdió las elecciones en la interna de precandidatos del Partido Centro Democrático frente al actual presidente Iván Duque en 2017, y finalmente quedó en la fórmula como vicepresidenta con mandato hasta 2022.
Otro aspecto a considerar cuando hablamos de participación política de las mujeres en el Poder Ejecutivo es el pasaje de primera dama a candidata presidencial.
En general, este fenómeno es tratado despectivamente por los adalides de la democracia liberal, que denuncian como un rasgo de la política “populista” y “demagógica” la estrategia de perpetuación en el poder a través de los matrimonios presidenciales. En Argentina, Perón e Isabelita, Néstor y Cristina. Sin embargo, la relación entre la condición de primera dama y la de candidata presidencial es más compleja que esta caricaturización. Los trabajos que abordan la participación política de las mujeres en América Latina se han robustecido en el último tiempo, sin embargo, el rol de las primeras damas como un rol político permanece aún en un cono de sombras. Observemos un caso que hoy está en el foco de atención en América Latina: Keiko Fujimori.
Su ascenso en la carrera política se inicia a partir de una particular condición de primera dama. El caso de Keiko pone sobre el tapete un conjunto de elementos que complejizan el análisis desde la perspectiva de igualdad de género.
Para revisar su trayectoria tenemos que trasladarnos al escenario electoral de Perú de 1989, signado por un fuerte embate derechista. El gobierno del aprista Alan García estaba sumido en una profunda crisis. El candidato “liberal” Mario Vargas Llosa despuntó como el favorito pero fue sorpresivamente vencido en segunda vuelta por Alberto Fujimori, que encabezaba la fórmula del flamante partido Cambio 90. Fujimori era un “outsider” de la política tradicional y planteó una campaña que sus adversarios tildaron de “neopopulista”. En 1992, la primera dama Susana Higuchi denunció públicamente por corrupción a familiares directos de su esposo. En medio del revuelo, y ante un Congreso que se disponía a investigar ese y otros hechos, Fujimori dio un autogolpe. Desde ese momento, la vida del matrimonio se convirtió en un escándalo mediático. En 1994, Higuchi, contra la voluntad de Fujimori, se presentó para competir en las elecciones presidenciales de 1995. El asunto desembocó en el divorcio y la reelección del dictador.
En este contexto, Fujimori tomó una medida insólita: separó a Higuchi del cargo de primera dama. En rigor, no se trataba de un cargo, sino de un rol apenas reglamentado protocolarmente. Fujimori adujo el carácter “inestable” de la mujer, a quien encerró en la residencia presidencial, mandó a torturar e imputó de culpable en el divorcio. Higuchi intentó seguir adelante con sus planes y formó el partido Armonía XXI. Pero una vez más el dictador recurrió a una maniobra: reformó la Ley Electoral prohibiendo las candidaturas de integrantes de la familia del presidente. A tal punto se trató de una maniobra que esta medida fue conocida como “Ley Susana”. Finalmente, Higuchi quedó excluida de la contienda porque el Jurado Nacional de Elecciones declaró “improcedente” la inscripción de su partido. Higuchi inició una huelga de hambre e incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no logró torcer el rumbo de los acontecimientos. La violencia doméstica y política terminaron desquiciándola.
En su lugar, asumió el rol de primera dama la hija de ambos, Keiko Sofía. Desde el primer momento, Keiko tuvo una intensa labor. No solo asumió la presidencia de la Fundación por los Niños del Perú en el lugar de su madre, sino que también participó de las cumbres de Primeras Damas de las Américas que se realizaban todos los años desde 1990. En 2006, hizo su ingreso a la arena político partidaria logrando una banca en el Congreso. En 2011, 2016 y 2021 fue candidata a la presidencia, perdiendo en los tres casos en la segunda vuelta.
En 2019 Keiko fue encarcelada por financiamiento ilícito de sus campañas y aunque fue liberada su libertad no está en firme. Hoy es noticia en todos los diarios del mundo por sus escandalosas maniobras para impedir la asunción de su contrincante y vencedor en las últimas elecciones, Pedro Castillo.
Higuchi y Keiko son dos figuras que ponen en relieve la relación entre violencia y política en las trayectorias de mujeres derechistas; no son las únicas (con matices Torres, Mathei, Ramírez y Áñez podrán añadirse a la lista).
La ampliación de la participación política de las mujeres es un hecho, pero su impacto sobre la igualdad es variable. La apropiación instrumental que las mujeres derechistas hacen de la religiosidad popular, de las agendas de género y de la democracia es una cuestión a la cual atender de manera urgente.
Verónica Giordano
Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Docente e investigadora UBA y CONICET.