Colombia resiste: 28A rebeldía y dignidad popular

Carolina Jiménez Martín

El 28A miles de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, ocuparon calles, plazas, vías, parques, monumentos, para expresar su rechazo al gobierno de Iván Duque y al proyecto económico y político que él representa. Desde ese día, y pese a las restricciones derivadas de la pandemia, la represión estatal y los fallos judiciales1, se ha configurado en todo el país un colorido y diverso mapa de rebeldías en contra del neoliberalismo y la fascistización del régimen2

De esta manera, las geografías de la rebeldía y la esperanza3 se han erigido sobre las geografías de las ausencias y del miedo que pretendían ser instaladas por las voces y las acciones autoritarias, militaristas y antidemocráticas. 

La ocupación y la acción sobre y desde el territorio asumieron de esta manera un carácter: reactivo y afirmativo. Reactivo, en tanto se constituyó en un dispositivo disruptivo del tiempo, los espacios y las representaciones del orden capitalista colonial. Las empresas, los comercios, los centros financieros debieron parar y cerrar sus puertas. Las estatuas de los genocidas conquistadores fueron derrumbadas. Las principales vías fueron bloqueadas. Los espacios de mercantilización y privatización de infraestructuras básicas fueron atacados. Los lugares geoestratégicos para la movilización de mercancías fueron paralizados. De esta manera, las gentes del común plasmaban sobre los muros y los espacios del poder la furia e indignación que los movilizaba. 

Afirmativo, en tanto la ocupación del espacio posibilitó el encuentro y el despliegue de la capacidad creativa de los de abajo. Un encuentro que había sido negado por la pandemia y la gestión autoritaria y militarista del gobierno de Iván Duque.

De este modo, en las avenidas, en las vías rurales, en las fachadas de las escuelas, en los muros de los barrios populares se plasmaba y se coreaba un canto por la vida. Por el derecho a vivir dignamente y por la posibilidad de pensar y construir colectivamente otro mundo. 

Ahora bien, aunque el motivo inicial que aupó la movilización popular fue el proyecto de ley de reforma tributaria, nombrada de modo distorsionado como “ley de solidaridad sostenible”. Ley que pretende cargar a la clase trabajadora el costo de la crisis capitalista profundizada por la pandemia. En el trasfondo de la rebelión social está el hartazgo con el neoliberalismo y para algunos sectores con el capitalismo. 

El nivel de precarización de las clases populares4, especialmente de la juventud, así como la comprensión que estas han elaborado sobre las razones de la crisis, explican que la movilización sea sostenida fundamentalmente por los y las jóvenes de los barrios populares en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Palmira, Popayán; por las comunidades indígenas en departamento como el Cauca; y por la población campesina en regiones como el Catatumbo. 

Estas geografías de la rebeldía han puesto en el paisaje nacional el potencial disruptivo del constituyente primario. Se inscriben en un momento político que reclama con gritos de dignidad transformaciones profundas en el orden social existente. De ahí que sus justas reclamaciones no se agoten en ajustes parciales en el proyecto dominante. Por tanto, aunque la solicitud de retiro de la reforma tributaria que hizo el presidente Duque al Congreso de la República es un triunfo de la movilización parece que esta no se frenará. Desde diversos sectores sociales anuncian que se suman al Paro Nacional y perfilan una agenda de negociación con un amplio respaldo social.

Y es que la movilización del 28A no es un acontecimiento extraordinario e inédito en la historia política reciente de la resistencia social y popular del país. Esta recupera los acumulados de las diversas luchas populares desplegadas desde el último lustro, entre otras se destacan: las movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación superior pública del año 2018; el Paro Nacional del 21N de 2019 en rechazo al denominado “paquetazo neoliberal de Duque”; las revueltas en contra de la brutalidad policial que condujo al asesinato de Dilan Cruz y Javier Ordoñez y la posterior masacre de 13 jóvenes en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre de 2020; las movilizaciones de las mujeres en contra de la violencia de género; la lucha territorial de la Minga indígena de octubre del 2020. 

Así como las diversas manifestaciones a favor del proceso de paz, en rechazo por el asesinato de líderes y lideresas sociales (más de 800 según registros de INDEPAZ desde la firma del acuerdo de paz en 2016) y de la población excombatiente (272 a abril de 2021).

En contra de la profundización de la crisis humanitaria en regiones como el Pacífico y el Catatumbo que ha generado el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas y la ejecución de 126 masacres en los años 2020-2021 que ha dejado más de 300 victimas mortales según registros de INDEPAZ5.

De ahí, que la fuerza vital que se despliega hoy en los espacios urbanos y rurales de Colombia requiera una lectura cuidadosa que no sucumba a las pretensiones explicativas soportadas en la espontaneidad; y valore este acontecimiento en perspectiva de un proceso acumulativo de fuerza, lucha, capacidad organizativa y creativa de las gentes del común. 

La fuerza de esta rebeldía y la amplitud territorial con que se expresa explican el nivel de brutalidad y represión con que ha respondido el bloque en el poder; configurando lo que dolorosamente tenemos que denominar las geografías de la muerte. Posterior al anuncio del retiro del proyecto, y con la pretensión de que este contendría la movilización, el ejército y la policía han desatado un baño de sangre contra los y las jóvenes manifestantes dejando una cifra aún desconocida de muertos, heridos, desaparecidos y retenidos ilegalmente. Según datos de la ONG Temblores, desde el 28 de abril al 4 de mayo a las 8 am se registraban 1443 casos de brutalidad policial, 216 víctimas de violencia física por la policía, 31 homicidios a manos de la fuerza pública, 814 arrestos arbitrarios, 10 víctimas de ataque sexual a manos de la fuerza pública, 77 heridos con arma de fuego y un número indeterminado de desaparecidos y torturados. 

A pesar de esta represión las calles hoy son de las gentes del común que con dignidad luchan por un país donde se pueda vivir dignamente. A parar para avanzar, viva el paro nacional. 

Notas

* Este artículo se terminó de escribir el 4 de mayo de 2021. Una versión inicial fue publicada en la revista Izquierda.

1 La magistrada Nelly Villamizar del tribunal de Cundinamarca pretendió prohibir el Paro Nacional a través de una decisión judicial. Este fallo fue considerado por varios juristas como claramente inconstitucional.

2 Para Sergio De Zubiría (2020) presenta una cartografía de modelos interpretativos sobre formas del fascismo social en el escenario contemporáneo. Véase:

https://www.revistaizquierda.com/images/easyblog_articles/1270/Izq92_art0_20201212-161511_1.pdf.

3 El geógrafo británico David Harvey nos habla de los espacios de la esperanza para hacer referencia a la necesidad de construir un utopismo espacio-temporal. La tarea según él es “definir una alternativa, no en función de una forma espacial estática, ni siquiera de un proceso emancipador perfecto. La tarea es reunir un utopismo espacio-temporal -un utopismo dialéctico- enraizado en nuestras posibilidades presentes y que al mismo tiempo apunte a trayectorias para los desarrollos geográficos humanos desiguales”. 

4 Según datos del DANE en 2020 el 63,8% de la población vive con menos de 1 SMLV, y el 24,8% hasta con 2 SMLV. Esto se expresa en que el 42,5% (alrededor de 21 millones de personas) de los y las colombianas se encuentre en pobreza monetaria (menos de 332 mil al mes) y el 15,1% (7,4 millones de personas) en pobreza extrema (viven con 145 mil al mes). 

5 Véase: http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/.

Carolina Jiménez Martín

Profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.