A un año de las PASO: ¿cambió algo en el gran empresariado argentino?

Las PASO y los empresarios

    El 11 de agosto de 2019 se llevaron adelante en Argentina las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos a presidente para las elecciones del siguiente 27 de octubre. La atención se centraba en la candidatura del entonces presidente Mauricio Macri, quien apostaba por su reelección, y la de la fórmula opositora surgida del Frente de Todos, liderada por Alberto Fernández y secundado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El resultado de las PASO arrojó el triunfo para la fórmula del Frente de Todos con un 47,79% de los votos sobre la de Juntos por el Cambio que obtuvo el 31,80% de los sufragios. Estos resultados, de consolidarse la tendencia en los meses subsiguientes hasta octubre, posibilitaban a la fórmula Fernández-Fernández obtener el triunfo electoral sin necesidad de recurrir a la segunda vuelta o «ballottage». Finalmente, en las elecciones nacionales del 27 de octubre se impuso la fórmula del Frente de Todos (48,10%) por sobre la de Juntos por el cambio (40,38%), con una diferencia mucho más ajustada de la obtenida en las PASO. 

Durante este período, los principales referentes empresarios del país fueron sentando posiciones y brindando apoyos más o menos explícitos a los candidatos. Aquellos empresarios vinculados a las distintas actividades industriales acercaron posiciones como así también sus demandas hacia Alberto Fernández, esperando encontrar un gobierno con una orientación y políticas económicas más próximas a sus intereses para intentar dejar atrás cuatro años de magros a malos resultados para el sector industrial en su conjunto. Por su parte, los empresarios vinculados al agro manifestaban abiertamente su apoyo a la continuidad de Mauricio Macri ya que bajo su gobierno habían obtenido amplios beneficios al ser considerados el «motor» del crecimiento del país. 

A un año de las elecciones PASO y a seis meses de gestión del nuevo gobierno, en un contexto muy complejo caracterizado por la pandemia global desatada por el Covid-19, nos proponemos reflexionar sobre el rol que asumieron algunos de los actores de la denominada «burguesía nacional», particularmente, nos centraremos en los actores industriales y agropecuarios que podríamos situar dentro de ese amplio concepto que también ponemos en cuestión en el presente artículo. En torno a esto nos surgen las siguientes preguntas: ¿existe en nuestro país una burguesía nacional? De existir, ¿qué características presenta? ¿Son los actores más representativos de los sectores industrial y agropecuario integrantes de dicha burguesía? ¿Qué rol desempeñaron en el período bajo estudio estos actores? ¿Han modificado sus posicionamientos y estrategias desde la confirmación de Alberto Fernández como presidente hasta el momento, transcurridos seis meses de gestión del mismo?

Antes de responder estas preguntas explicaremos brevemente por qué nos centramos en los actores industriales y agropecuarios. Poner el eje en los mismos se debe a la importancia que tienen ambos sectores productivos en la estructura económica argentina por distintas razones.

El sector industrial es un generador de valor agregado y de empleo, y en el marco de visión de los integrantes del Frente de Todos, un sector estratégico a la hora de pensar el crecimiento y desarrollo de la economía argentina y su inserción en los mercados globales como un país capaz de generar valor agregado y no solo producir materias primas para su exportación.

Por el lado del sector agropecuario, su relevancia es indiscutible como generador de divisas tan necesarias para la economía argentina por diversos motivos tales como divisas que necesita el propio sector industrial para llevar adelante su actividad productiva, divisas para afrontar los pagos de la deuda externa (más allá de la actual y exitosa renegociación que está llevando adelante el gobierno argentino) y divisas necesarias para que la economía argentina no sufra sus recurrentes y traumáticas crisis del sector externo, su denominada restricción externa. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de «burguesía nacional»?

Consideramos que el debate sobre la «burguesía nacional» no debería ser abordado a partir de asignarle determinadas características al empresariado argentino de manera escindida de las particularidades del accionar estatal. No creemos en la existencia de un ethos particular de los empresarios locales que los lleve a tener conductas rentísticas, de búsqueda de beneficios sectoriales a expensas de los del conjunto, sino que este tipo de comportamiento puede ser inherente a cualquier empresario de cualquier parte del mundo y que es el Estado quien debe arbitrar para imponer determinadas instancias de diálogo, negociación y restricciones a este accionar predatorio del empresariado para contener esas conductas y reencauzar sus acciones hacia la obtención de beneficios privados (inherentes al empresariado), pero que tampoco se disocien de las políticas de desarrollo a largo plazo que sean beneficiosas para el colectivo social. Para esto es imprescindible la necesidad de contar con un Estado que establezca reglas claras, coherente y con capacidad de disciplinar, y al menos negociar en relativa igualdad de condiciones con el sector privado. 

Al referirnos al concepto de «burguesía nacional» es insoslayable mencionar el drástico proceso de extranjerización que atravesó el empresariado local argentino entre la mitad de la década de los 90 y los principios del 2000. La política de apertura comercial y financiera implementada bajo el menemismo repercutió dramáticamente en los grupos locales industriales que tradicionalmente se habían volcado al abastecimiento del mercado interno. La situación de apertura más el endeudamiento que caracterizó a aquellos años determinaron la decisión de muchos de estos empresarios de vender parcial o totalmente sus participaciones accionariales a los capitales extranjeros.

La otra cuestión que tensiona la existencia de la burguesía nacional es: ¿qué hicieron estos empresarios con el dinero obtenido de dichas ventas? Ese dinero alimentó la fuga de capitales o bien se dirigió al sector agropecuario, mostrando así su desvinculación de las actividades productivas de índole industrial, del ciclo interno de nuestra economía y de la suerte y evolución del salario de los trabajadores.

En este sentido, nos parece importante mencionar que hubo una importante reestructuración sectorial que hizo que los grupos argentinos se centraran exclusivamente en la producción de alimentos, metales, productos farmacéuticos y servicios. La otra parte de los grupos nacionales que mantuvieron la propiedad de sus grupos se internacionalizaron y modificaron sus organizaciones corporativas buscando plazas que les brindaran mayores beneficios impositivos (es este el caso emblemático del Grupo Techint). 

Además, bajo el esquema de acumulación desplegado durante los gobiernos kirchneristas no pudieron revertirse las tendencias hacia una fuerte extranjerización del núcleo duro del poder económico local y del conjunto de la economía argentina, teniendo como consecuencia una pérdida de “decisión nacional” en lo concerniente a la definición de temas sustanciales para el derrotero económico, político y social del país. Además, esta porción del empresariado local continuó acentuando su participación en el procesamiento de recursos básicos vinculados con la inserción de nuestro país en la división global del trabajo, poco dinámicos en la generación de empleo y disociados del poder adquisitivo de los salarios locales. Por último, bajo las gestiones kirchneristas emergieron un conjunto de grupos empresarios que expusieron un notable crecimiento en actividades no transables y reguladas por el Estado, aprovechando ciertos espacios de acumulación que estaban resguardados de la competencia externa (son entre otros los casos de Pampa, Indalo, Calcaterra, Electroingeniería). Esto es fruto tanto por ser una economía dependiente en tiempos de globalización como de regulaciones y leyes propias de la estructura normativo-institucional vigente en nuestro país. 

Entonces, la burguesía local tanto por los condicionamientos estructurales de un mundo, hostil, por las políticas estatales implementadas, por limitaciones propias, sus vínculos con el gran capital y el altísimo índice de concentración existente en la Argentina, no pudo y creemos que tampoco se propuso desarrollar acciones que la habilitasen a independizarse de los sectores más concentrados, tanto los locales como los extranjeros y poder así avanzar en proyectos orientados hacia el desarrollo en el mediano y el largo plazo. 

¿Cómo construir consensos para un nuevo modelo de desarrollo?

¿Existe en la actualidad, entonces, la posibilidad de desarrollar una burguesía nacional dinámica reduciendo el espacio para las conductas rentistas, en una economía local muy transnacionalizada y en franco deterioro producto de los últimos cuatro años de políticas erróneas a lo que se suma la profundización por la crisis del coronavirus? ¿Es viable el planteo y el llamado del presidente Alberto Fernández a estos sectores empresarios para construir un Acuerdo Económico y Social y llamarlos a ser parte de un «nuevo capitalismo» en la Argentina? En este sentido, nos parece importante no perder de vista que los empresarios nacionales han preferido obtener ganancias por la especulación financiera más que por invertir en el desarrollo productivo del país, así como su propensión a fugar capitales en las últimas décadas. Consideramos difícil que estos actores puedan erigirse como “agentes del desarrollo”, desconociendo en parte que su base de acumulación se encuentra en el país. De este modo, los Estados nacionales no han llevado adelante una verdadera política industrial. Su crecimiento en los últimos años no contribuyó a impulsar una reindustrialización basada en el desarrollo de nuevas capacidades productivas para potenciar las ventajas dinámicas de la economía, y posibilitar una sociedad más inclusiva e igualitaria y reducir el nivel de dependencia. 

Si bien muchos de los empresarios industriales brindaron su apoyo tanto a la candidatura de Fernández como a las propuestas económicas del candidato por considerarlas orientadas a restablecer la actividad productiva como motor de la economía argentina dejando atrás cuatro años en los cuales fueron «desoídos», este apoyo presenta los límites estructurales que mencionábamos anteriormente, centrados en las características de inserción de estos actores, en sus filiaciones ideológicas y en la férrea defensa de los intereses de la «propiedad privada». En cuanto a los empresarios del sector agropecuario y de la cadena agroindustrial, su vínculo con el gobierno se basa en una relación de tensión atravesada por la carga impositiva, la implementación de retenciones para obtener recursos fiscales y por el rol del Estado en el funcionamiento de la economía. A estos ejes de conflicto tradicionales, debe adicionarse el desatado a partir de la propuesta del gobierno de expropiar a la cerealera Vicentin, rechazada por los actores más concentrados del sector. Pese a esto, y frente a la necesidad de incrementar las exportaciones agroindustriales de cara a la economía post pandemia, el gobierno ha reanudado el diálogo con estos actores en pos de coordinar la implementación de políticas consensuadas. Por último, tenemos que resaltar que conjuntamente, ambos sectores rechazaron las propuestas del gobierno de prohibir despidos, reinstaurar la doble indemnización, implementar un impuesto a las grandes riquezas, y a la oferta de canje de deuda en virtual default. 

Por lo tanto, para poder construir finalmente un modelo productivo-industrial fuerte y moderno que le permita a Argentina superar su situación de dependencia y sortear las trabas al desarrollo nacional, es preciso, por un lado, definir la naturaleza de aquellos actores que tienen que liderar este proceso y, por otro lado, que el Estado asuma un rol decisivo en este proceso, estableciendo limitaciones y arbitrando frente a los empresarios y basando su base de sustentación en los empresarios industriales pequeños y medianos, quienes fueron realmente desoídos en los años de gestión macrista tanto por la política económica implementada por el gobierno como por sus propios representantes que solo cuando sus propios intereses empezaron a verse amenazados viraron en sus posiciones. 

Uno de los principales desafíos a los cuales se enfrenta el presidente en el éxito de su propósito, es poder demostrarles esto a los empresarios, asegurarles que la inversión en la producción va a otorgarles rentabilidad y ganancia independientemente de los vaivenes financieros, pero recordando que el Estado es y será un actor clave para poder encauzar este proceso.

Es decir, que será quien aplique las reglas del juego disciplinando a los distintos actores involucrados. En este último aspecto, los procesos que se están llevando adelante en distintos países del mundo están reposicionando a los Estados como actores centrales para liderar y conducir las economías de los países.

Marina Dossi

Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina), investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente del IDAES-UNSAM.