La Rebelión fiscal de los ricos

Nuestra sociedad sobrevive a una sistemática rebelión de las elites. En efecto, las elites empresarias, políticas, sindicales, culturales se alejan, cotidianamente, de las cuestiones más dolorosas y disolventes de la sociedad. Desarrollan sofisticadas prácticas de desentendimiento de lo colectivo y de autopreservación.

Así los capitalistas no invierten y fugan (abdican de su función de liderazgo en el capitalismo), la justicia y la política se destinan a sí mismas, otorgan concesiones a los poderes y justificaciones a sus mandantes, los sindicatos se ocupan de sus aparatos y las referencias culturales de encontrar aleros hospitalarios individuales.

No nos va bien como sociedad con esas rebeliones. Al cierre del mandato de Alberto Fernández en 2023, el PBI per cápita será similar al de 1973. Cincuenta años de estancamiento, con muchos más pobres, más intensamente pobres, infinitamente más desiguales.

Hay que tener presente que el 1 por mil de la población concentra el 7% del ingreso; el 1%, el 16%; y el 10% más rico alcanza al 36%. Entretanto, el 40% más pobre ronda el 13% del ingreso. La concentración de la riqueza tiene niveles que casi duplican la concentración del ingreso.

No obstante, el problema de la Argentina no es su capacidad de producir excedente. Lo produce y lo exporta. Lo construye en pesos y lo transfiere en dólares.

Hoy nos convoca la rebelión fiscal de los ricos. Para decirlo simplemente cómo las elites se niegan a poner su parte en el financiamiento del pacto de derechos. O, mejor aún, cómo impugnan en los hechos la supervivencia de los derechos que la sociedad ha ido conquistando a lo largo de su historia. El pacto de derechos implica una ciudadanía fiscal real.

Seamos claros, los derechos sin recursos materiales pueden ser insumos de luchas, legitimadores de conductas, hipotecas sobre la conciencia social, pero carecen de la efectividad concreta de la experiencia.

La contrapartida imprescindible del pacto de derechos es un pacto fiscal ( la ciudadanía fiscal).

Pero cuidado, debe partirse del reconocimiento de los derechos, de su satisfacción efectiva para ir a la búsqueda de recursos fiscales; no partir de los recursos fiscales disponibles (con las vigentes relaciones de poder) para desde allí elegir qué derechos honrar o quiénes serán satisfechos.

El planteo de la rebelión fiscal de los ricos es, en última instancia, que nos sobran derechos para esta presión fiscal que ya es “excesiva y confiscatoria”, el riesgo de mayor presión fiscal es… “matar a la gallina de los huevos de oro”. Allí convoca a sectores medios y populares asediados por la vulnerabilidad de su situación en sociedades donde el ingreso y las oportunidades se polarizan salvajemente.

Este es un conflicto civilizatorio, de producción de sociedad y constitución de ciudadanía. Pasamos del “cuánto capitalismo podrá soportar la democracia a cuánta democracia puede soportar el capitalismo”.

Al estallar la pandemia, Argentina venía de una década perdida en materia de crecimiento, una década de baja inversión, alta fuga de capitales y, en los últimos cuatro años, un disparate de liberalización y endeudamiento.

La reacción de la política pública fue correcta, pero su tamaño también expresa la naturaleza de la rebelión fiscal. En efecto, Argentina es uno de los países que menos ha podido destinar a mitigar el efecto de la pandemia (5% del PBI). Límites al endeudamiento y el costo de haber pactado con los ricos por décadas (no cobrándoles impuestos) expusieron brutalmente la fragilidad fiscal.

Ahora el gobierno muestra sus límites con el “Aporte Solidario Extraordinario”, un intento de avanzar sobre un pequeño sector dentro de los millonarios, con una tasa menor, por única vez, sin comprometer a las personas jurídicas. Los ricos, obviamente, mostraron los dientes.

¿Por qué decimos los límites? En primer lugar, la relación entre la riqueza, el capital y la fiscalidad, como quedó dicho, es una cuestión estructural de primer orden. Es un régimen de intervención, no un episodio ante una crisis, ni una salida ingeniosa para conseguir recursos, ni una “gambeta” criolla para convertir en permanente lo que es transitorio como fue el impuesto a las ganancias de 1935. En segundo lugar, la definición de ricos y de sujetos del aporte es minimalista, ya que los cuenta a partir de U$S 2,5 millones, reduce a la mitad la recaudación y pasa de 32000 millonarios (el 0,07% de la población) a 12000 (el 0,02%), niega la inclusión de personas jurídicas (empresas fantasmas) y mantiene las exenciones de bienes personales. Es decir, poco, a pocos de los pocos y por una sola vez. 

Así y todo el griterío del capital es fuerte. El capital no está peleando por la plata sino por el sentido común e inexplicablemente el gobierno parece no querer disputar el sentido común dominante y plantea que “es poco, por única vez, a pocos y que no los afecta y es solo durante la emergencia”, es decir, cambia ceder en el sentido común a cambio de una consigna y algo de plata.

El capital no está peleando por la plata sino por el sentido común

Disputar el sentido común no es sumar tres batallas, sino proponerle a la sociedad un futuro, un plan sistemático que pueda ser balanceado, discutido y corregido públicamente. No es con sorpresas simpáticas, sino con prácticas que amasan ideas, experiencias, avances y retrocesos que se construyen mayorías sociales que permitan conquistas políticas sustentables.

Discutir tributos es discutir igualdad, naturaleza de la imposición, destino del gasto, debate y evaluación social y ética pública.

Si se falla en alguno, la derecha siempre está preparada para desacreditar; pero cuidado, si se fracasa en alguno, antes que la derecha salte, hay que reconocer el error y asumir las responsabilidades porque antes nos fallamos, gravemente, a nosotros mismos.

En nuestra estructura de recaudación la rebelión ya estaba instalada y triunfante. Los impuestos al consumo son 14% del PBI y 65% de los recursos. Aquellos que incluyen ingresos y ganancias, 5% del PBI y 23% de la recaudación, a los patrimonios menos del 1% del PBI, al comercio exterior 2,5% del PBI y en gastos tributarios (exenciones impositivas) 3% del PBI .

No hay nada más barato que ser rico en la Argentina.

Este cuadro insostenible en materia fiscal, ineficaz en materia económica e indecente en materia política no se corrige pidiéndole una “gauchada” al capital.

¿A quiénes, entre otros, les piden la gauchada? Los que declararon más de US$ 1 millón ante la AFIP admiten contar con activos superiores a US$ 104.000 millones, de los cuales el 70% está fuera de la Argentina y de los cuales más del 50% son activos líquidos. Para que se entienda: esa riqueza (trabajo acumulado) se hizo en pesos, el Estado se endeudó y les proveyó a esos actores dólares para irse, y hoy estos mismos se hacen compradores/acreedores de bonos del Estado destinados a pagar los dólares que les dio para fugar.

Vale insistir que la búsqueda de radicaciones externas de ese excedente sucede en un mundo de tasas de interés bajas (mientras aquí eran exorbitantes), con niveles de inversión reproductiva paupérrima en la Argentina y con una crisis social arrastrada por décadas.

¿Qué pasará ahora con una economía más chica y con mayor crueldad? Si queremos mantener los niveles de protección social imprescindibles (ingresos populares, previsionales, gasto social, infraestructura y bienes comunes), para impedir una escalada de dolor y violencia económica y social, hace falta cuidar, pacificar y universalizar. Eso solo se puede hacer con una reforma fiscal consistente, sostenible y permanente.

Algunas propuestas, desde nuestra perspectiva, incluyen: modificación sustantiva a los bienes personales al 5% (no incentivar la riqueza no productiva), gravar ganancias extraordinarias que superen el 10% del capital (asumir que en toda crisis hay ganadores y perdedores: bancos, compañías de seguros, explotación de naturaleza, nuevos gigantes de la cibernética, el comercio y tráfico de datos hoy inexistentes en nuestras bases imponibles), alícuota máxima del 50% en ganancias para las personas físicas (empresas que inviertan y reinviertan según pautas acordadas, no empresarios ricos), institución del impuesto a la herencia (incentivar la equidad, eliminar la lotería biológica), combate a las guaridas offshore, control de los precios de transferencia intraconglomerado (y toda una batería de medidas nacionales y de cooperación internacional porque el capital ha puesto en jaque al financiamiento de los Estados) y a la contabilidad creativa. Son medidas necesarias para instaurar ese nuevo pacto fiscal.

Se trata de una austeridad radical, no de una revancha. Ser empresario no implica ser rico; ni ser trabajador, pobre o asalariado.

La riqueza no será solo dinero; ni la acumulación, consumismo, despilfarro, depredación social o ambiental. A falta de opciones inmediatas, el capitalismo y los capitalistas que podemos financiar deberían considerar estas condiciones en materia tributaria.

Está claro que la política fiscal no puede suplantar la matriz productiva, pero una matriz productiva diversificada, ecológicamente sostenible, más democrática, innovadora, dinámica, no rentística, que integre tecnología y valor, requiere de una estructura tributaria distinta. 

Podemos admitir la rebelión fiscal, podemos rendirnos, podemos derrotarla; sería necio desconocerla.

Martín Hourest

Economista. Militante político desde 1973, participó durante la dictadura militar de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Fundador del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo). Exdirector del Instituto de Estudios de ATE. Integrante del Instituto de Estudios de la CTA. Asesoró en materia económica al gobierno de Raúl Alfonsin y a bloques parlamentarios. Funcionario de la Auditoría General de la Nación desde 1993.