Se nos viene a la memoria la reminiscencia bíblica del Antiguo Testamento en donde el pueblo hambriento y desesperado se moviliza desesperadamente a través de lo desconocido, cruzando el río y cuanto territorio bajo sus pies pueda transitar por la ilusión del imaginario de libertad en un paraíso desconocido, en busca de la tierra prometida, el Edén resplandeciente que le permita huir de esa realidad cotidiana de desheredado, olvidado o condenado dentro de su misma tierra.
Las causas del éxodo
Honduras ha sido históricamente uno de los países más pobres de la región. Las movilizaciones y desplazamientos en sus ciudadanos comienzan a registrarse a partir de la década de los 80 producto de la crisis interna por el establecimiento de la doctrina de la seguridad nacional. Migraciones que se incrementan a partir de 1998 como resultado del paso del huracán Mitch, fenómeno natural que devasta el territorio casi en un 80%. El golpe de Estado de 2009 coadyuva en acentuar aún más las brechas sociales y económicas existentes hasta ese momento, lo que según un informe de Pew Research Center causa que más de 490.000 hondureños tengan que salir del país.
A partir de ese año se empieza a patentizar todavía más su endeble economía, la pobreza generalizada, la falta de oportunidades-empleo, la violencia, el narcotráfico, la corrupción desmedida y el fortalecimiento de la impunidad; aspectos que catapultaron a Honduras a ser considerado como uno de los países más violentos del mundo, en donde la mayoría de casos por corrupción y más del 90% de los crímenes documentados por violencia quedan sin resolución judicial.
La crisis en Honduras se profundiza en 2017 cuando Juan Orlando Hernández, presidente hasta ese momento, preparó meses antes de las elecciones su camino de continuismo por medio de estrategias y jugadas políticas que le permitieron presentarse a los comicios en ese año, aun y cuando el tema de la reelección no lograse permear a la población hondureña ni cambiar su opinión de rechazo, que en su mayoría le manifestaban y le continúan expresando.
El resultado de las elecciones, oficializadas un mes después y con informes por parte de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la Unión Europea sobre la falta de certeza en los resultados (ante un escenario de protestas, represiones violentas y asesinatos a manifestantes), colocó a Juan Orlando Hernández como el primer presidente reelecto de Honduras desde la Constitución de 1981, que contradictoriamente aún mantiene vigente el “artículo pétreo” sobre la prohibición de la reelección.
Es así como la suma de tales elementos hace que Honduras llegue a ocupar en el presente, según informe del Banco Mundial, el tercer lugar como país con las mayores desigualdades en el mundo, solo detrás de Sudáfrica y Haití.
La caravana y su peregrinaje hacia una “Vida Mejor”
Paradójicamente el eslogan del mayor programa estatal y política social del país es el de “Hondureños por una Vida Mejor”, ilusión y promesa que motivó a que un poco más de 200 ciudadanos (hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y hasta personas con discapacidad) decidieran caminar juntos hacia los Estados Unidos con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.
El 13 de octubre, convocados a través de redes sociales y de forma oral, se dieron cita en la estación de autobuses interurbanos llamada la Gran Terminal (San Pedro Sula, al norte del país) para partir con destino a los Estados Unidos; en cuestión de horas y ante la difusión de la noticia, la caravana se multiplicó registrando más de 2.000 personas durante su trayecto hacia la Frontera de Agua Caliente (Guatemala).
El 15 de octubre llegaron a puesto fronterizo en donde sobrepasaron en número a los efectivos de la Policía Nacional Civil de Guatemala que pretendían regular el “acceso ordenado”; se contabilizó el ingreso de cerca de 3.000 personas quienes ya adentro se dividieron en grupos para avanzar en buses o camiones que les prestaran ayuda durante su camino hacia Tecún Umán (frontera con México); en su recorrido hacia el norte, ciudadanos de ese país junto a otros hondureños que habían emprendido su viaje antes de la caravana, decidieron unirse a la misma.
El 17 de octubre llegó el primer grupo a la frontera con México y se registró la salida de una segunda caravana compuesta por poco más de 500 personas que emprendieron el camino hacia Guatemala por diferente ruta, atravesando primero la frontera de Honduras con El Salvador (El Amatillo). Para el 18 de octubre los migrantes comenzaron a ingresar a México atravesando el río Suchiate, frontera natural entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo. Los días posteriores autoridades salvadoreñas informaron que se autorizó el ingreso a más de 1.200 hondureños a su territorio y el 20 de octubre México abrió el portón ubicado en el puente que une a su frontera con Guatemala para que ingresaran algunos migrantes. Sin embargo, un grupo mayoritario decidió hacerlo atravesando el río.
El 21 de octubre el Albergue Casa del Migrante Saltillo (Estado de Coahuila, al norte de la Ciudad de México) informó que ha registrado el ingreso de 7.862 personas, de las cuales 2.622 son hombres, 2.234 mujeres, 1.699 niñas y 1.307 niños; a partir de esa fecha se suscitaron noticias y denuncias de violaciones a derechos de los migrantes, manifestaciones antimigrantes comenzaron a surgir en algunos territorios del Estado Mexicano y por donde pasa la caravana, junto con el aumento del discurso agresivo y amenazas de Donald Trump hacia los integrantes de la caravana y los gobiernos de Honduras, Guatemala y México por “permitir y no hacer lo suficiente para detenerla”.
El 24 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que se garanticen los derechos humanos, incluido el de asilo, de los migrantes, expresando su preocupación ante los abusos y violaciones a sus derechos que se manifiestan en su recorrido. Desde ese día y hasta el 31 de octubre el avance de la caravana fue más que notorio y tomó relevancia mundial, entre anuncios del gobierno hondureño sobre la aplicación de un plan de retorno seguro para sus ciudadanos, las declaraciones del expresidente mexicano Peña Nieto de crear un programa de apoyo a los migrantes y el aviso de Trump de militarizar la frontera, cerrar la misma y crear “ciudades carpas” para quienes intentaran entrar irregularmente. Una tercera y una cuarta caravanas (esta vez compuestas por ciudadanos salvadoreños y conformada por un poco más de 1.000 personas entre ambas) iniciaron su camino emulando el ejemplo y objetivo de las anteriores.
Al 25 de noviembre del año pasado el primer grupo de la caravana de migrantes ya ha logrado apostarse en la frontera entre los Estados Unidos y México en Tijuana (al sur de California) y los medios han retratado el uso del gas lacrimógeno y balas de goma por parte de oficiales de la patrulla fronteriza para impedir el ingreso de grupos de migrantes a territorio estadounidense.
Uno de los regidores de la Alcaldía de la ciudad, Juan Manuel Gastélum, comunicó que han cifrado a 4.976 migrantes centroamericanos en dicha ciudad.
El usufructo del éxodo como negocio estatal
Sin duda que la caravana ha venido a interpelar al responsable principal, el Estado, acerca de las condiciones para que las personas huyan del país, al convertirse en un movimiento amplio, robustecido y con rostro que venía siendo invisibilizado durante mucho tiempo (al año emigran irregularmente entre 70 y 100 mil hondureños) y que genera beneficios directos a sectores específicos, que no ejecutan las relaciones de desarrollo incluyente y a largo plazo que disminuiría la desigualdad que impacta en la población.
Múltiples empresas remesadoras, casas cambistas, el Banco Central de Honduras, las cooperativas de ahorro-crédito y las comercializadoras e importadoras se convierten en los mayores beneficiarios de los más de 4.300 millones de dólares que se obtienen al año por las divisas que los migrantes envían (el 19% del Producto Interno Bruto).
Ante esa realidad, no sabemos exactamente qué pasará con los miles de migrantes de la caravana y con quienes deciden salir en la clandestinidad buscando una vida mejor. Lo que sí entendemos es que Honduras se ha convertido en uno de los mayores “exportadores y expulsadores” de ciudadanos a nivel del hemisferio, fenómeno que permitirá, de continuar estas condiciones, seguir fortaleciendo el andamiaje de poder que controla el país a favor de ciertas elites, usufructuando el mayor bien que posee y manejando el éxodo de su población como uno de sus mejores negocios.
Mauricio Valladares Gómez
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), magíster en Derechos Humanos (UNSAM). Profesor de Derechos Humanos en la UNAH y director ejecutivo de la Red CIARH, promotora de derechos de las personas con discapacidad en Honduras.
