La persecución policial a vendedores ambulantes senegaleses no es nueva en la Ciudad de Buenos Aires. Ya en el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia en el caso “Bara Sakho” llamó la atención sobre las detenciones que efectuaba la policía bajo un perfil racial, y requirió a las fuerzas de seguridad que “realicen todos los esfuerzos para garantizar la intervención en forma inmediata del Ministerio Público Fiscal” en un intento por reducir la arbitrariedad. Asimismo, señaló los problemas de comunicación existentes al momento de informarles sus derechos a quienes no comprendían el español. Lamentablemente, esta sentencia no logró cambiar las prácticas selectivas de las fuerzas de seguridad.
A partir del año 2015, la persecución se ha intensificado y ha mutado a una política de violencia física, privación ilegítima de libertad y asfixia económica. Según el jefe de Gobierno, Horacio Larreta, un eje de su gestión sería combatir lo que denomina “la venta ambulante ilegal”, con el objetivo de “desarmar las mafias que organizan esta actividad ilegal, pero resguardando a las personas que realizan la actividad como un modo de supervivencia” (La Nación, 12-1-17). En la práctica, esta distinción de objetivos entre mafia y personas que realizan venta de supervivencia no existe, y sí la pretensión de eliminar la venta ambulante de todas las zonas posibles de la Ciudad.
Así, durante 2016 se produjo el desalojo violento de los manteros de Caballito, Flores y Liniers, y durante 2017 se incrementaron los operativos en Once, Constitución, Retiro, Flores y Liniers. La propuesta «alternativa» fue solo para algunos de los vendedores y se basó en la asignación de puestos en galpones en Once, atrás de la estación y fuera del área comercial. Quienes lograron conseguir un puesto, a los pocos meses lo abandonaron porque no era sustentable en absoluto.
Por falta de documentación, los vendedores senegaleses no pudieron ni siquiera acceder a los galpones. Tuvieron que seguir en la calle y volvieron a los lugares que para el Gobierno ya habían sido “liberados”.
Durante 2018 se vio como la Avenida Avellaneda –en el barrio de Flores– fue el núcleo de la venta ambulante de la Ciudad. Entonces el gobierno intensificó la persecución. Le dio una orden abierta a la policía para que evitase la instalación de manteros, y para ello, las fuerzas de la Ciudad adoptaron como política el hostigamiento sistemático a los vendedores más «visibles» y «diversos», los senegaleses, a través de la violencia, asumiendo un rol manifiesto de xenofobia institucional.
En tal marco, luego de perseguirlos y capturarlos, la policía debía encontrar alguna excusa criminal para la detención. La venta ambulante no es un delito. Podrá ser una contravención, cuando no sea ejercida para mera subsistencia y solo si configura una competencia desleal con los comercios, lo que es complicado de comprobar, y aun en ese caso, no está permitida la detención preventiva. La venta en la vía pública sí podría ser una falta, en tanto es una actividad comercial en la calle y sin autorización, pero esto debe ser comprobado por inspectores de faltas, no por el actuar policial, y en ningún caso habilita la privación de libertad.
El modo que hallaron para criminalizar y detener vendedores ambulantes senegaleses fue el de generar una provocación. Así, de modo violento y sin ninguna advertencia previa, los policías, muchas veces aún vestidos de civil, les quitan por la fuerza la mercadería a los vendedores. Ante esto, se produce una lógica resistencia, y con ella, la policía reacciona violentamente, golpea a los vendedores y los detiene de modo violento.
Se les inicia una causa por “resistencia a la autoridad”, un delito de una gravedad baja, pero que habilita la detención en la comisaría.
En marzo de 2018 se produjo el traspaso de la competencia del delito de resistencia a la autoridad, desde la justicia de la Nación a la justicia de la Ciudad. Esto implicó mayor inmediación y más burocracia para los policías, por lo que la persecución volvió a mutar. Desde entonces, en general, a las personas de origen senegalés les imputan infracción a la Ley de Marcas, un delito de competencia federal que busca proteger el interés del propietario marcario y del consumidor para no ser engañado en lo que compra. Con esta imputación, la policía elude a la justicia de la Ciudad y tiene menos controles en relación con las detenciones que realiza.
En su gran mayoría las causas por marcas son archivadas por la justicia federal en el entendimiento de que quien compra mercadería en la vía pública a precio bajo sabe que no es genuina, y por ello no se está ni engañando al consumidor ni se le genera una lesión al propietario marcario. Sin embargo, este control llegará varios meses más tarde de la detención y la mayoría de las veces sin siquiera efectivizarse la devolución de los productos secuestrados.
El objetivo de la policía se cumple con la mera detención. Es lo que necesitan para poder sacar al vendedor de la calle, y en el caso de marcas, para secuestrarle la mercadería, sobre la que muchas veces ni siquiera hacen el debido inventario, produciéndose auténticos robos por parte de las fuerzas de seguridad. El reducido control de la justicia federal sobre estos casos le permite a la policía seguir avanzando en esta estrategia sin mayores inconvenientes.
Los vendedores senegaleses son especialmente perseguidos y lastimados en cada operativo. En junio de 2018 se hicieron públicas las imágenes de un vendedor tirado en el piso en un charco de sangre cuando lo cortaron en el brazo durante una detención.
Hay muchos casos de tortura, fracturas de huesos y lesiones durante las persecuciones y detenciones, donde nunca faltan los insultos racistas y el trato humillante por parte de los oficiales. La metodología no se limita solo a las personas perseguidas, sino también, y cada vez más, respecto a todas aquellas que quieran de un modo u otro intervenir en defensa de aquellas.
Por otro lado, y al mismo tiempo, la fiscalía de la Ciudad, en supuestas investigaciones complejas sobre organización de la venta ambulante, realizó tareas de seguimiento y ordenó numerosos allanamientos sobre viviendas y locales. En estos allanamientos se ha secuestrado mercadería, dinero y teléfonos celulares a la población de origen senegalés, dejándola aún en mayor estado de vulnerabilidad.
«Lo único que queremos es que nos dejen laburar» es una de las expresiones más compartidas por aquellos que pueden esbozar algunas palabras de español, en general aprendidas en la calle. La situación es por demás difícil. El acceso a un documento de identidad es especialmente complicado para esta población, situación que ha empeorado aún más en los últimos meses, debido al cambio de sistema en la Dirección Nacional de Migraciones, y al resto de medidas y discursos que estigmatizan y vulneran a las personas migrantes desde el Gobierno nacional. Sin documento, acceder a otro tipo de trabajo es prácticamente imposible.
Si hubiera real intención de quitar de la calle a vendedores ambulantes, un buen comienzo sería facilitar el acceso a la documentación para poder así conseguir un empleo de calidad. Hay antecedentes positivos en ese sentido: en el año 2013 por un programa especial se radicaron más de 1600 personas de origen senegalés. Hoy, el marco es muy diferente y la precarización y el racismo forman parte esencial de la matriz ideológica del presente gobierno.
Así es que entre las diversas medidas dictadas en miras a desnaturalizar una ley modelo en la materia (como es la 25871, vigente desde 2004 y entre las cinco en todo el mundo que reconocen a la migración como derecho humano), han dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/17, cuya validez ha sido cuestionada tanto local como internacionalmente, estando pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la confirmación de su declaración de inconstitucionalidad. Mientras tanto el Decreto continúa vigente y afecta los derechos de la población migrante, y, en particular, pone en riesgo a todas aquellas personas que de un modo u otro se ven alcanzadas por el sistema penal. Tal es lo que ocurre de modo sistemático y arbitrario, en virtud de la práctica relatada, con buena parte de la migración senegalesa en Buenos Aires.
A partir del terror infundido por el hostigamiento policial, el secuestro –muchas veces robo– de mercadería, los allanamientos a la viviendas, la disminución de las ventas en general por la crisis económica, sumado al dólar alto que les impide enviar remesas a sus familias, y el endurecimiento de la política migratoria que les imposibilita regularizar su situación y los pone en riesgo permanente de expulsión en función a un Decreto a todas luces inconstitucional, el gobierno está procurando la erradicación de los vendedores más vulnerables –en tanto sistemáticamente vulnerados– que trabajan en la calle, y lo está haciendo bajo un patrón cierto de discriminación racial.
Demián Zayat
Abogado (UBA) y master en Investigación sociojurídica de la Universidad de Stanford (EE.UU.). Es miembro de COPADI, Colectivo para la Diversidad.
Martín Fernández Oteiza
Abogado (UBA) y master en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universitat de Barcelona (España). Docente de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal.