En agosto de 2014, en el marco de un ciclo de conferencias organizado por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los niños mimados del PRO, Esteban Bullrich, explicaba la estrategia del gobierno para “vencer las resistencias al cambio”: “Primero, lanzar muchas iniciativas. Porque el gremio focaliza. Entonces cuando el gremio focaliza (estoy develando la estrategia si se quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual), focaliza en una, pero vos le abriste doce y las otras once avanzan. Entonces, cuando se dieron cuenta de que alguna se implementó (risas) van atrás de esa y avanzás con la que no habías avanzado. Un partido de ajedrez o de damas medio complejo. ¡Pero que funciona! (risas)”. Desde fines de 2015, cuando se hicieron del gobierno nacional, esta estrategia “foquista” (propia de los poderes débiles) fue aplicada sistemáticamente en los distintos ámbitos de la gestión gubernamental. La política migratoria a todas luces no fue la excepción.
Uno de los grandes logros de este gobierno ha consistido en revincular exitosamente migración y criminalidad, reintroduciendo en el discurso público palabras como “ilegalidad” y “clandestinidad” para referir, por ejemplo, a las personas migrantes que no cuentan con los papeles que el propio Estado se niega (¡y cada vez más!) a darles.
La Ley de Migraciones 25871 –aún vigente, no lo olvidemos– establece expresamente que la irregularidad documentaria no es un delito, sino una falta administrativa y que el Estado es el principal responsable de subsanar esta “falta”, mediante programas de regularización documentaria accesibles y razonables. Sin embargo, la política migratoria actual se ha afanado en contradecir los mandatos de la ley, uno por uno. Veamos:
¿Simplificaron y agilizaron los trámites administrativos? No.
- Crearon un sistema engorroso y moroso de turnos on line (con demoras de hasta un año en la adjudicación de los turnos) que funcionó hasta fines de 2018.
- Desde enero de 2019, implementaron de manera abrupta un nuevo sistema aporafóbico y xenófobo de radicación on line (RADEX), que desconoce las barreras tecnológicas, idiomáticas y económicas de la población migrante.
¿Desarrollaron e implementaron programas en zonas del país que requieren un tratamiento especial? No.
- Cerraron, a comienzos de 2016, el Programa de Abordaje Territorial, mediante el cual el Estado se “acercaba” a la población migrante para facilitar su regularización.
- Redujeron el número de delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones a lo largo del país.
¿Fijaron criterios para la eximición del pago de la tasa migratoria, en casos de pobreza o cuando razones humanitarias así lo justifiquen? No.
- Aumentaron desmesuradamente las tasas migratorias (hasta en 1000%).
- Eliminaron la eximición del pago de la tasa migratoria en casos de pobreza y por razones humanitarias del sistema RADEX, y se ocuparon de volver aún más arbitrario y oscuro el procedimiento presencial para acceder este derecho.
¿Tomaron todos los recaudos pertinentes a fin de evitar que los extranjeros, a la espera de la regularización de su residencia en el país, tengan inconvenientes derivados de tal demora? No.
- Aumentaron exponencialmente los operativos de control de permanencia, así como el uso de la violencia policial en estos procedimientos. Cabe mencionar aquí la reciente e inédita concesión de facultades excepcionales de “Policía Migratoria Auxiliar” a la Policía porteña con el objetivo de fortalecer el “control de permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional”.
- En 2016 crearon un Centro de Detención para Migrantes con el objetivo de “combatir la irregularidad” (¡siendo que la irregularidad no es un delito!), una iniciativa descabellada que afortunadamente no prosperó.
- En enero de 2017 sancionaron un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70) para habilitar “expulsiones exprés” (sin el respeto de garantías mínimas de debido proceso) de “criminales”, incluyendo dentro de esta categoría a personas en situación migratoria irregular. Para fundamentar esta medida excepcional, y pasar por encima del Congreso, falsearon las estadísticas del sistema penitenciario.
- Crearon, en 2018, una aplicación de celulares (SIMEL) para que cualquier efector o funcionario público pueda “detectar migrantes ilegales, sin papeles o con antecedentes en la Argentina”. Reinstalaron así una práctica de control migratorio ubicua y generalizada característica de la anterior ley de la dictadura, conocida como la “Ley Videla”.
Este conjunto de decisiones normativas, burocráticas e institucionales da cuenta cabal del pasaje de un enfoque de derechos humanos a un enfoque securitario de las migraciones. Hoy sabemos con certeza que, para este gobierno, “cambio” es retroceso e “iniciativa”, ajuste.
En un contexto regresivo, marcado por la pérdida generalizada de derechos y garantías, la única variable que aún parecería facilitar la agregación neoliberal de voluntades es la creación de enemigos internos y externos.
Sobre los primeros, basta con evocar la famosa “grieta”. Sobre la creación de enemigos “externos”, la “iniciativa antiinmigración” ha sabido hacer trabajar los dos momentos clave de una política securitaria: la “extranjerización” de los migrantes, es decir, la conversión ideológico-mediática de los no-nacionales en inferiores, ilegales, excedentes y peligrosos; y el “extrañamiento”, consecuencia necesaria del primer momento, que consiste en la puesta en cuestión (y, en muchos casos, la suspensión) del conjunto de derechos reconocidos a las personas migrantes (a la educación, a la salud, a la justicia) cuyo clímax, de más está decirlo, es la expulsión sin garantías.
Bullrich tenía razón, las y los que intentamos sin éxito resistir estos embates, ya sea dentro de la mal llamada “sociedad civil”, la academia o mismo desde algunos ámbitos no privatizados del Estado, solo somos capaces de “focalizar”: nuestros concienzudos razonamientos “objetivos” e informados –por ejemplo, para explicar por qué no hay una sobrerrepresentación de la población migrante en las cárceles, escuelas, universidades, hospitales– son incapaces de contrarrestar el peso sentencioso y efectista de las mentiras del gobierno, pues hay un “público” (¡ay, ay, qué paradoja llamarlo así!) insatisfecho, ávido de culpables, sin tiempo para largas explicaciones. Siempre es más fácil destruir que construir: ¡qué rápido que hacen su trabajo las topadoras! Lo más llamativo es que incluso han logrado trasladarnos la culpa, pues ¡nunca jamás estaremos a la altura de las respuestas requeridas para contener tal nivel de destrucción!
Ana Paula Penchaszadeh
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y Doctora en Filosofía por la Université Paris 8 (Francia). Se desempeña como investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y como profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires.