El Fondo es un viejo conocido de la Argentina: del período de 50 años que va desde 1956 (año en que el país ingresó a la institución) a 2006, la Argentina estuvo bajo acuerdo con el Fondo en 38 años; y el stand by anunciado será el vigésimo desde el primero firmado por el gobierno de Frondizi en 19581(1).
Esa presencia persistente le permitió al organismo condicionar alternativamente el rumbo de la política económica. Sin negar su papel durante la etapa previa a 1983, desde el restablecimiento de la democracia el Fondo amplificó su intervención en la economía local. Ungido como el representante de la banca comercial estadounidense para evitar una cesación de pagos masiva de los países de la región, reclamó la implementación de sucesivos ajustes que lesionaron la posibilidad de restablecer un sendero de crecimiento. Durante la década del noventa, apoyó el programa neoliberal y hacia el final de la década otorgó cuantiosos créditos para mantener un régimen monetario insostenible.
El nuevo siglo lo encontró promoviendo los intereses de los acreedores durante la reestructuración de la deuda en cesación de pagos. La suspensión del stand by en 2004 fue el puntapié de la política de desendeudamiento, potenciada con el pago por anticipado de la deuda de casi diez mil millones de dólares que el país tenía con el Fondo. Lejos de un exotismo, la decisión expresó el rechazo a las políticas de ajuste del organismo de manera conjunta con Brasil, Uruguay, Rusia y Corea del Sur, quienes también cancelaron sus deudas. El gobierno fue más allá y dejó de realizar las revisiones anuales contempladas en el Artículo IV. Y cuando reapareció la restricción externa, combinó la utilización de controles de cambio y la apelación a financiamiento alternativo, como el uso de las reservas y los créditos e inversiones de China, para evitar recurrir a una institución que consideraba poco legítima.
Con Cambiemos, cambiamos. Durante los dos primeros años de gestión las bajas tasas de interés internacionales y la eliminación de los controles cambiarios alentaron el ingreso de capital especulativo, pero el deterioro de las condiciones económicas globales y locales erosionó la confianza de los inversores externos sobre una economía con un déficit de cuenta corriente de treinta mil millones de dólares (casi el 5% del PBI). Esto disparó una crisis cambiaria que desde su inicio en abril demandó más de trece mil millones de dólares de reservas, generó una suba del 50% del tipo de cambio, y motivó la apresurada solicitud de financiamiento al FMI.
Quince años después, la Argentina volvió a suscribir un acuerdo stand by con el FMI. Y, con éste, terminó la etapa gradualista de la política económica de Cambiemos. El programa incluye financiamiento por cincuenta mil millones de dólares. Originalmente pensado como un programa precautorio, el gobierno solicitó quince mil millones al momento de la firma y planea acceder al resto en cuotas trimestrales de tres mil millones, condicionales al cumplimiento de las revisiones. Se trata del programa con desembolsos más alto de la historia del FMI, que otorgó un acceso excepcional equivalente a once veces la cuota argentina.
El programa demanda acelerar el ritmo del ajuste fiscal para eliminar el déficit en 2020, con eje en la reducción de la inversión pública, las transferencias a las provincias y la masa salarial. Esto último se planea lograr mediante una combinación de reducción de los puestos y caída del salario real, de las cuales las políticas de ajuste hacia las universidades nacionales y el área de ciencia y técnica son un lastimoso ejemplo; también se continuará el aumento de las tarifas para reducir los subsidios. El programa limita los márgenes de autonomía en política monetaria y cambiaria, lo cual incluye recalibrar las metas de inflación para extender a 2021 el compromiso de una inflación de un dígito, suspender las transferencias al Tesoro por parte del BCRA, reducir progresivamente el stock de LEBAC y de Letras Intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central, establecer un piso de reservas y limitar las intervenciones en el mercado cambiario con el fin de que el precio del dólar se determine libremente en el mercado. En este sentido, el Fondo estableció como condición la aprobación de una reforma a la Carta Orgánica del BCRA para marzo del año próximo.
Si bien el programa incorpora dos medidas novedosas en torno a la protección de los más vulnerables, están lejos de lograr un cambio significativo en ese sentido. El piso de gasto en asistencia social equivale al 1,3% del PBI, que es menor a los desembolsos actuales que alcanzan al 1,6% del producto(2). Además, la promoción de políticas impositivas y laborales que apunten a la equidad de género constituye un compromiso amplio y vago que no parece ser más que un gesto simbólico. En términos sustantivos, el programa sigue el libreto de los acuerdos tradicionales de estabilización vía ajuste fiscal, política monetaria astringente y depreciación del tipo de cambio, que en países semi industrializados como la Argentina poseen un fuerte impacto recesivo e inflacionario.
El acuerdo excepcional expresa la coincidencia de intereses entre las potencias centrales, el gobierno y el FMI. La obtención de una línea de crédito de 1110% de la cuota requiere el visto bueno de las potencias centrales, que son los países que ostentan mayor poder de voto dentro del organismo, en especial, los Estados Unidos y el resto de los países del G7. El apoyo al gobierno de Macri es un espaldarazo a una gestión que busca dar vuelta la página de los gobiernos populares a fuerza de avanzar en la apertura financiera y comercial y la implementación de reformas pro-mercado, que profundizan la integración dependiente de nuestro país en la economía global.
Respecto del gobierno, el programa permite acceder al financiamiento externo a una tasa de interés relativamente baja (entre 4% y 5%) y espera que funcione como un sello de aprobación que restablezca la confianza de los inversores privados a fin de recuperar el financiamiento externo, en un contexto de salida de capitales desde las economías emergentes. Sin embargo, la evidencia muestra que en lugar de habilitar una “lluvia de inversiones”, los acuerdos con el FMI sólo poseen un modesto efecto positivo sobre las inversiones de portafolio –las más especulativas y volátiles. En este sentido, existe el riesgo de que la reducción del déficit fiscal no logre restablecer la confianza y lleve a la economía a un círculo vicioso de recesión y ajuste, muchas veces visto en los programas del FMI. Dado que los lineamientos del programa son compartidos por el equipo económico y el organismo, es plausible pensar que el gobierno ha buscado las condicionalidades del Fondo para vencer las resistencias políticas internas al ajuste.
En el caso del FMI, se vislumbran dos incentivos. Primero, apuntalar su regreso a América Latina y en particular al Cono Sur. Si bien luego de la crisis financiera aprobó cuantiosos programas a México y Colombia, no conllevaron desembolsos. Sí hubo créditos, pero a pequeñas economías de Centroamérica y el Caribe como Jamaica y República Dominicana. Estimulados por la “ola rosa” de gobiernos progresistas y el auge de los precios de las materias primas, hace más de una década que los países de América del Sur no recibían desembolsos del organismo (el último programa lo había firmado Perú en 2007). Por otra parte, debido a la duplicación de las cuotas y el aumento de las líneas de financiamiento con países luego de la crisis financiera, el Fondo cuenta con 1,35 billones de dólares en recursos disponibles, de los cuales tiene prestados menos del 5%.
El acuerdo constituye una excepcionalidad que refleja la necesidad financiera del gobierno, que suscribe un programa que en términos relativos está en línea con los que recibieron las economías de la periferia de Europa afectadas por la crisis, el interés político del Fondo por sostener el programa económico pro-mercado de un gobierno con el cual comparte –como pocos– afinidad ideológica y política, y el visto bueno de las potencias por apoyar económicamente a un gobierno que se posiciona como pivote del giro hacia la derecha en la región.
Notas
1 Datos de Brenta, Noemí (2008). Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006. Buenos Aires, Ediciones Cooperativas.
2 Cetrángolo, Aníbal (2018). “Del ajuste gradual al gradualismo ajustado: ¿cambió el Fondo, cambió el gobierno, o todo sigue igual?”. Disponible en https://alquimiaseconomicas.com/2018/06/28/del-ajuste-gradual-al-gradualismo-ajustado-cambio-el-fondo-cambio-el-gobierno-o-todo-sigue-igual/