La estructura social de un país da cuenta de los sectores o clases que la componen e indica también cómo se conforma el funcionamiento socioeconómico. Conocer esto nos permite planificar qué tipo de políticas públicas necesitamos para generar un progreso equitativo de toda una Nación.
Indudablemente la dinámica social va cambiando constantemente y, por lo tanto, las políticas sociales deben ir adaptándose a los nuevos contextos. No es lo mismo ser pobre hoy en la Argentina que lo que era a comienzos de esta década, no son las mismas las expectativas de la sociedad respecto del consumo y de los servicios estatales, y tampoco lo es el impacto que tiene una determinada política económica sobre la estructura social de un país.
Si bien la pobreza puede ser conceptualizada desde distintas perspectivas, y entre ellas hay un amplio debate, existe cierto consenso para decir que estamos hablando de pobreza cuando existe un núcleo de privaciones básicas y relativas de un individuo o grupo de individuos para satisfacer determinadas necesidades. Existen al menos dos situaciones claramente diferenciables: la de pobreza por ingresos y la estructural. La primera hace referencia principalmente a alguien que, aunque no tenga grandes problemas de tipo habitacional, de redes y vínculos, o de capacidades, encuentra claras dificultades para generar ingresos, y es básicamente la relacionada a las líneas de pobreza e indigencia.
Por su parte, en la pobreza de tipo estructural o histórica, a la insuficiencia de ingresos se le suma la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura y la mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral por su escaso capital social, baja calificación y, sobre todo, por la desvinculación prolongada del ámbito del trabajo.
Este criterio pone el acento en indagar sobre las condiciones del hábitat principalmente. El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) observa las condiciones en las que viven las personas, que se definirán en base a cuestiones como acceso o no a agua potable, cloacas, tipo de piso, de techo, sanitarios, etcétera.
Este término está cruzado por distintos enfoques: aquellos que se centran en la vulnerabilidad (determinando la ubicación relativa de cada una de las personas en una sociedad en base a sus posibilidades o no de acceso a determinados bienes, redes sociales, y a la capacidad del uso del mismo para modificar su situación); los que ponen el acento en la exclusión social (realizan un análisis sobre aquellos aspectos materiales, focalizándose básicamente en los aspectos de la distribución, es decir, ingreso, consumo, riqueza); y los enfoques de derechos (los que no se quedan simplemente con el aspecto económico, sino que también enfatizan en una pobreza que incluye dificultades en el acceso a determinados derechos de ciudadanía). Claramente la pobreza no sólo tiene que ver con carencias materiales, sino que también está cruzada por un contexto que impide el desarrollo pleno y el acceso igualitario a esas oportunidades.
Claramente la pobreza no sólo tiene que ver con carencias materiales, sino que también está cruzada por un contexto que impide el desarrollo pleno y el acceso igualitario a esas oportunidades.
La metodología utilizada para medir indigencia y pobreza es la misma. Es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el encargado de establecer para ello dos líneas de ingresos: una que fija que quienes no puedan comprar los alimentos básicos para cubrir sus necesidades de calorías (la Canasta Básica Alimentaria) son considerados indigentes; y que quienes no pueden comprar alimentos u otros productos y servicios básicos (Canasta Básica Total) son considerados pobres.
Para marzo de 2018, el organismo informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $17.537,88 para no ser pobre. Mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un aumento de 2,9%, por lo que la misma familia precisó $6.987,20 para comprar la cantidad mínima de alimentos y no caer en situación de indigencia.
Si bien el INDEC es el organismo encargado de medir oficialmente estos datos, en los últimos años del gobierno anterior existieron diversas dificultades en su publicación. En ese marco, otras instituciones como el Observatorio de la Deuda Social combinaron diversas metodologías de medición centrando el análisis también en los contextos y en nociones de pobreza relativa al incorporar nuevos indicadores, como son la seguridad alimentaria, la cobertura de salud, los servicios básicos, la vivienda digna, recursos educativos, seguridad social, comunicación, información, etcétera.
Indudablemente el gobierno actual eligió posarse sobre el primer tipo de medición (línea de pobreza e indigencia), que deja afuera un montón de dimensiones de lo que sucede en los barrios de nuestro país. La medición por ingresos contiene ciertas dificultades y sería un buen momento para construir consensos a fin de discutir y avanzar hacia nuevas formas de pobreza multidimensional, incorporando otras variables como la desigualdad.
Si el rumbo no cambia, es probable que algunos de los índices empeoren. Inversiones que no llegan, un mercado interno que aún no arranca, paritarias inferiores a la inflación pueden marcar en los próximos meses del año algún aumento de la desigualdad –aunque incluso la actividad económica mejore en algo, esto se da principalmente por la disminución de las changas y la actividad económica en los barrios. Es momento para repensar lo económico y nuevas políticas públicas.